La lucha continúa

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Aunque siguen vinculados al proceso, el candidato presidencial Carlos Caicedo y el alcalde suspendido Rafael Martínez, celebraron la decisión del juez de otorgarles la libertad.

La mañana del 28 de noviembre de 2017, quedará en la memoria de todos los samarios y en la historia de Santa Marta, porque por primera vez, fueron capturados un exalcalde y un alcalde del mismo movimiento político Fuerza Ciudadana. La Fiscalía General de la Nación desde el cuatro de octubre de 2016, a través de la seccional Magdalena, aperturó investigación con número de noticia criminal del proceso 470016008789-201600067, por presuntas irregularidades en la adecuación de cinco puestos de salud en Santa Marta a cargo de la anterior y actual Administración. Lo anterior, generó ordenes de capturas contra el exalcalde Carlos Caicedo Omar; el alcalde suspendido Rafael Martínez; el interventor de las obras de los centros médicos, Carlos Fabián Sleby Palacio; el contratista, Jesús Enrique Navarro Brito; el gerente encargado de la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’, Edgar Charris Salcedo; y el gerente de la E.S.E Gregorio Antonio Domínguez Fonseca.

Seguido a las capturas, el ente acusador comenzó una serie de procedimientos iniciando con la audiencia de legalización de capturas, para posteriormente hacer la imputación de cargos y finalmente la de medida de aseguramiento, donde eljuez Octavo Municipal de Control de Garantías, Gabriel Modesto Ospino, deja en libertad a los implicados por presuntamente la Fiscalía no presentar los elementos probatorios durante el desarrollo de la audiencia, generándose una controversia entre el ente acusador y el juez, que mantiene sumida a la ciudadanía en una incertidumbre porque los acusados están libres pero continúan vinculados al proceso jurídico.

Por lo anterior, OPINIÓN CARIBE, en aras de brindarle a los lectores una información veraz y oportuna, explica el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra los integrantes del movimiento político Fuerza Ciudadana, liderado por Carlos Caicedo Omar y el alcalde suspendido de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, además de los detalles por los cuales les fue otorgada la libertad y las consecuencias que trae esta situación para el desarrollo institucional del Distrito.

PROCESO

IPC La Candelaria, en el barrio ‘María Eugenia’.

En una controversia por recuperar su buena imagen se encuentra la Fiscalía General de la Nación y los integrantes del movimiento político Fuerza Ciudadana, liderado por Carlos Caicedo Omar y el alcalde suspendido de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, luego del proceso contra ambos dirigentes que hace parte de una investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación y cuyo titular Néstor Humberto Martínez había anunciado desde Santa Marta.

 

Centro de Salud de La Paz.

Consistió en presuntas irregularidades en el proceso de contratación de los puestos de salud de los barrios La Paz, Taganga, Mamatoco, Bastidas y del IPC La Candelaria, celebradas entre octubre de 2014 y enero de 2015, durante la administración de Caicedo, a través de la ESE Alejandro ‘Próspero Reverend’, por valor de 6.537 millones de pesos.

Puesto de Salud de Mamatoco.                                    

Los dirigentes políticos fueron capturados el 28 de noviembre de 2017 junto con Carlos Fabián Slebi Palacio, interventor; Jesús Enrique Navarro Brito, contratista; Édgar Charris Salcedo, gerente encargado de la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’; y Gregorio Antonio Domínguez Fonseca, gerente de la E.S.E.

Puesto de Salud de Taganga.

Estas seis personas son sindicadas por la Fiscalía Seccional Magdalena por los delitos de celebración indebida de contratos y peculado, argumentando que tienen pruebas suficientes para demostrar la irregularidad en el caso de los puestos de salud del Distrito.

No obstante, el juez Octavo Municipal de Control de Garantías, Gabriel Modesto Ospino, luego de dos días de audiencia dejó en libertad a los implicados, aunque siguen vinculados al proceso, tras la apelación del Fiscal Salustiano Fortich.

INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA

Vicente Guzmán, director Seccional de Fiscalías.

El director de Fiscalías Seccional Magdalena, Vicente Guzmán, anunció mediante conferencia de prensa, la captura de seis personas por presuntas irregularidades cometidas en la demolición y construcción de cinco puestos de salud en Santa Marta.

El funcionario aseguró, que la decisión obedecía a una directriz del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en el marco de la política anticorrupción ‘Plan Bolsillos de Cristal’.

Entre los sindicados estaba Carlos Eduardo Caicedo Omar, el alcalde Rafael Alejandro Martínez, junto con cuatro personas más, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Carlos Caicedo fue capturado por funcionarios del CTI de la Fiscalía, cuando se disponía a viajar a la capital del país a inscribir las más de dos millones de firmas con las que pretende aspirar a la Presidencia de la República.

Mientras que el alcalde Rafael Martínez fue capturado en las afueras de la emisora Radio Galeón, luego de manifestar a través de los micrófonos que la Fiscalía lo estaba buscando.

En la capital del Magdalena también fue capturado Carlos Fabián Slebi Palacio, interventor del contrato No. 007 de 2016; en Barranquilla fue detenido Jesús Enrique Navarro Brito, contratista del contrato No. 007 de 2016, representante legal de la Unión Temporal Construyendo Salud Santa Marta, 2016.

Igualmente fueron aprehendidos Édgar Charris Salcedo, gerente encargado de la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’, quien participó en la etapa precontractual y realizó la apertura del proceso de convocatoria; y Gregorio Antonio Domínguez Fonseca, gerente de la E.S.E., quien también suscribió el contrato No. 007 de 2016.

De acuerdo con el ente investigador acusador, en el caso del exalcalde, se argumenta que suscribió un acta y acuerdo que autorizaba la demolición y construcción de cinco puestos de salud: Mamatoco, Bastidas, La Paz, Candelaria y Taganga, de los cuales el único que se construyó fue el de Bastidas.

En la gráfica el documento enviado por Carlos Caicedo a la Dirección de la Fiscalía.
Este es el oficio con el que el juez solicita al Director de la Fiscalía, rectificar lo expresado a los medios de comunicación.

LOS CONTRATOS

Las presuntas irregularidades por las cuales la Fiscalía sustentó su investigación y posterior imputación de cargos se debieron a los siguientes contratos.

El contrato No. 004 del 18 de noviembre de 2014 que fue celebrado entre la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’ y Mediredes SAS, con término de 10 meses, que consistía en el mantenimiento y adecuación de los centros de salud Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por valor de 6.532.759 pesos.

“En este contrato se detectó el incumplimiento en los requisitos legales, tales como la falta de planeación, inexistencia del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución de proyectos de inversión, así como de la licencia de construcción, lo que generó un detrimento patrimonial cercano a los cinco mil millones de pesos”, explicó la Fiscalía.

En el caso del alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, se le investiga por su participación en toda la etapa precontractual y la suscripción del contrato No. 007 de 2016, que tenía como fecha límite el 31 de diciembre de este año.

“Este contrato fue celebrado entre la Alcaldía de Santa Marta y la Unión Temporal Construyendo Salud, cuyo objeto era la adecuación y terminación de los centros de salud: La Candelaria, La Paz y Taganga, por valor de 5.863.789 pesos, dentro del cual se evidenciaron inconsistencias relacionadas con la obtención extemporánea del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud, el cual fue otorgado cuando se encontraba en plena ejecución; además, se determinó que la licencia de construcción también se solicitó extemporáneamente y a la fecha no ha sido otorgada”, indicó el ente investigador.

En este contrato se otorgó un anticipo correspondiente al 40%, por valor de 2.345.515 pesos, estableciendo a través de dictamen pericial, que a fecha 3 de octubre de 2017, del mismo, solo se había ejecutado la suma de $568.660.111, que había sido destinada para la adquisición de elementos diferentes a su objeto, tales como equipos y otro tipo de material de construcción.

Los seguidores de Carlos Caicedo y Rafael Martínez rechazaron la forma en la que fueron detenidos los líderes políticos.

AUDIENCIAS PREVIAS

Los sindicados tuvieron que presentarse en audiencias presididas por el Juez Octavo Municipal de Control de Garantías, Gabriel Modesto Ospino.

La primera audiencia fue de legalización de capturas que consiste en solicitar al juez de control que le imparta legalidad, porque se ha realizado dentro de una de las formas de restricción legítima de la libertad, como lo es por orden de una autoridad judicial competente, en flagrancia y/o por vía administrativa.

Le sigue la imputación de cargos. A este proceso se somete toda persona que sea aprehendida, pero goza de los derechos y garantías que la ley le confiere.

 

“La formulación de la imputación penal debe tener un componente jurídico. La razón está en que, ante la comunicación de un cargo, el investigado tenga la oportunidad de defenderse y de contradecirlo; o si es el caso, de aceptarlo y recibir los beneficios que la ley otorga”, explica la Fiscalía.

Los cargos que se les imputaban a estas personas eran: celebración indebida de contratos en concurso homogéneo con peculado por apropiación.

La tercera audiencia es de medida de aseguramiento, que hace parte de las medidas cautelares, es decir, de aquellas disposiciones que por petición de parte impone la autoridad judicial sobre bienes o personas, con el fin de asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad.

JUEZ ORDENÓ LA LIBERTAD

Al concluir el segundo día de audiencias, el juez de control de garantías ordenó la libertad del suspendido alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez; de Carlos Caicedo Omar, de Fabián Slebi Palacio, de Jesús Enrique Navarro Brito, de Édgar Charris Salcedo y de Gregorio Antonio Domínguez Fonseca.

El juez consideró que los argumentos del abogado Iván Cancino fueron más convincentes que los del fiscal Salustiano Fortich, quien había solicitado medida de aseguramiento intramural.

El abogado Iván Cancino, defensor de Caicedo y Martínez, sostuvo, que “el fiscal en su acusación no mostró pruebas que refrendaran los señalamientos”.

Iveth Sandoval Ramos, abogada de los dos exfuncionarios de la E.S.E., indicó, que “hemos tenido el mejor juez garantista, de manera constitucional ha hecho valer los derechos al debido proceso y a la defensa”.

La decisión fue celebrada por los seguidores del movimiento Fuerza Ciudadana y los funcionarios de la administración distrital, quienes estuvieron todo el tiempo acompañando a los dirigentes políticos en las afueras del CTI de la Fiscalía y en el Edificio Galaxia.

PREPARABAN UN ‘SHOW’

El alcalde suspendido Rafael Alejandro Martínez aseguró, que tenían conocimiento de las investigaciones que adelantaba la Fiscalía y el supuesto ‘show’ que preparaba este organismo.

“Preparaban unas órdenes de captura contra Rafael Martínez y Carlos Caicedo; lo dijimos de todas las maneras. Enviamos oficios al Fiscal General de la Nación, pidiéndole que por favor interviniera y nos escucharan; mandamos oficio al Director Seccional de Fiscalías e incluso, fuimos hasta su oficina y nos ofreció garantías; le enviamos oficio al fiscal que tenía el caso y le dijimos que queríamos ser escuchados en los procesos que tienen en investigación. Nunca nos llamaron y se vinieron con esta exhibición.

FISCALÍA ‘POLITIZADA’

Desde el momento de su captura y sobre todo cuando recobró su libertad, el candidato presidencial Carlos Eduardo Caicedo, arremetió contra la Fiscalía General de la Nación y contra los integrantes del partido Cambio Radical, desde su principal líder Germán Vargas Lleras y sus aliados políticos en el departamento del Magdalena.

El dirigente político sostuvo, que en las audiencias quedó demostrado que la Fiscalía se ha convertido en una policía política al servicio de una candidatura presidencial. “Debe saber Colombia que la institución que debe velar por la justicia e investigar a los corruptos, está al servicio lamentablemente de candidaturas políticas altamente cuestionadas, porque nosotros incomodamos a sus aliados en el Caribe. El propósito es político y lamento que la Fiscalía esté instrumentalizada por el Fiscal General al servicio de su partido Cambio Radical, de Vargas Lleras y los políticos bien corruptos en el Magdalena”.

Caicedo Omar siempre calificó el procedimiento de la Fiscalía como un ‘falso positivo’ y que todo el ‘show’ se trató de una persecución política. “Los clanes aliados -Díaz Granados y Cotes- en lo absoluto han sido investigados por este organismo de control. No así, la pluralidad de investigaciones que se adelantan en contra del alcalde Rafael Martínez y del suscrito, quien tiene alrededor de 30 investigaciones impulsadas por la Fiscalía, especialmente en los últimos seis meses, a partir de cuando decidimos poner nuestro nombre en consideración de los colombianos para levantar una candidatura ciudadana y de las regiones a la presidencia de la República. Esta detención atropellada se dio exactamente el mismo día que íbamos a acompañar al comité inscriptor de la recolección de firmas de Fuerza Ciudadana que había logrado dos millones de firmas. ¿Acaso querían impedir la inscripción de este candidato ciudadano que empieza a figurar en los registros de opinión por el respaldo de la gente independiente cansada de la corrupción que está permeando instituciones como la Fiscalía General de la Nación?

Desde aquí quiero hacerle un llamado al señor Fiscal General Néstor Humberto, no siga utilizando la Fiscalía como instrumento de campaña para Vargas Lleras.

Al señor Vargas Lleras, lo quiero invitar a desarrollar una campaña con lealtad, con los distintos partidos y movimientos políticos ciudadanos, que si bien es cierto no estamos con su proyecto político, tenemos derecho a participar en este escenario democrático”.

Varios líderes agradecieron a los dirigentes políticos por las obras ejecutadas en cada uno de sus barrios.

FISCALÍA NO COMPARTE DECISIÓN DEL JUEZ

Luego de conocer la decisión del juez, el director Seccional de Fiscalías, Vicente Guzmán, hizo algunas precisiones sobre el caso y aclaró que respeta la decisión pero no la comparte. El funcionario señaló que la decisión se tomó por aparentes vicios de forma en la audiencia y no por falta de evidencias sobre irregularidades de puestos de salud.

“Sucedió algo inesperado y es que supuestamente el fiscal no le dio traslado de los elementos; una fórmula sacramental neta, que incluso no existe referente jurisprudencial ni doctrinal sobre el tema. Sí existe una línea jurisprudencial que habla de cómo debe darse la entrega de los elementos materiales probatorios y es entregándole los documentos a la otra persona o dejándosela a su entera disposición. El fiscal Fortich dos veces dijo que ponía los elementos de presente tanto a las partes intervinientes, como al juez; sin embargo, la defensa dijo que había terminado de hablar el fiscal, se precluyó esa instancia y no puso de presente los elementos; por Dios, si los tenía solo a 50 centímetros. Ya nosotros enviamos los audios a Bogotá para que los revisen”.

Enfatizó, que las investigaciones son sólidas y se adelantan con suficiente tiempo para recopilar la información necesaria que soporte lo que acusan. “Este es un proceso que nosotros venimos trabajando paso a paso, cuidadosamente, acopiando material probatorio, medios de prueba técnicos, testimoniales y documentales”.

El exalcalde y candidato presidencial Carlos Caicedo fue escuchado en audiencias.

SIGUEN EN EL PROCESO

Lo que sigue del proceso es esperar la decisión en segunda instancia, es decir, que los sindicados pese a estar libres, continúan vinculados al proceso investigativo. “Ya imputamos y hay que esperar la apelación para ver qué decide la segunda instancia, si corrige la decisión del juez en primera instancia o si lo avala. En el segundo caso, de todos modos el proceso continúa y viene el escrito de acusación, la audiencia preparatoria y el juicio. Eso significa que siguen vinculados al proceso y allí tenemos los elementos materiales probatorios y así entenderán que tenemos un proceso serio”, explicó Guzmán.

Ante las acusaciones de Carlos Caicedo y Rafael Martínez de que el fiscal Guzmán está haciendo favores, el funcionario aclaró, que no pertenece a ningún movimiento político y que no tiene nada personal contra nadie.

“La Fiscalía no tiene agenda política; el señor fiscal trae una política muy clara de lucha contra la corrupción y ha dado resultado en todas las partes del país. Yo no vine a hacer ningún mandado, ni hago parte de ningún grupo político, ni ningún cártel; tengo una trayectoria de 34 años, de los cuales 25 en la Fiscalía. Mi vida en la institución me la pueden revisar y si consideran que yo he cometido alguna conducta punible, que me investiguen. Creo que la ciudad se merece que nosotros trabajemos sin ‘show’, ni espectáculos mediáticos”.

SUSPENSIÓN DEL ALCALDE MARTÍNEZ

El alcalde de Santa Marta Rafael Martínez fue suspendido por tres meses, por influir -presuntamente- en procesos electorales de carácter político – partidista.

La decisión de la Procuraduría General de la Nación, adoptada el 14 de noviembre del año en curso, está relacionada con mensajes en su cuenta de Twitter y sus acciones en favor del aspirante a la Presidencia, Carlos Caicedo Omar.

De acuerdo con lo señalado por el organismo de control, los mensajes fueron “representados en reiterados trinos donde elogiaba la gestión de su antecesor, la asistencia a eventos e inauguraciones en su compañía y declaraciones públicas en su favor, desconociendo, posiblemente, el equilibrio que su administración debe observar frente a los demás aspirantes en la contienda electoral”.

Sostiene, además, que en el auto de formulación de cargos se calificó la falta cometida por el alcalde Martínez como “gravísima a título de dolo y señaló, que esta habría comenzado después del 21 de junio, cuando fue oficializada la aspiración de Caicedo Omar”.

Para la Procuraduría General de la Nación, la conducta de Martínez podría haber afectado los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad, al ponerse al servicio de la actividad política del exalcalde de Santa Marta, “con el aparente propósito de ubicarlo en una situación de ventaja frente a los otros candidatos e incidiendo en el debate democrático, que debe ser libre y ajeno de cualquier influencia oficial”.

Rafael Alejandro Martínez debía presentarse el 30 de noviembre a la audiencia programada por la Procuraduría, sin embargo, por estar detenido no se pudo cumplir la diligencia. Ahora fue reprogramada para el 18 de diciembre, en las instalaciones de la Procuraduría Regional del Magdalena.

¿PERSECUCIÓN POLÍTICA?

Caicedo y Martínez mencionaron a varios funcionarios que -según ellos- se aliaron para entorpecer el proceso de ‘cambio’ que están haciendo en la capital del Magdalena. Entre ellos se encuentra la procuradora regional, Ana María Muelle, los Char, Cotes y Díaz Granados.

Carlos Caicedo arremetió contra el Director Seccional de Fiscalías. “Es curioso que Vicente Guzmán haya sido -como ha denunciado la prensa nacional- puesto en la Fiscalía por el señor Malo que hace parte del ‘cártel de la toga’; que la orden de captura procedía de un juez de Cartagena, de donde es él; y el fiscal Salustiano Fortich, ha estructurado una cantidad de investigaciones y lleva más de 10 en contra nuestra, por instrucciones de este Director que, además, salió de manera agresiva a presentarnos a nosotros como criminales.

La vida nuestra está expuesta por todo lo que hoy estamos denunciando; y está expuesta nuestra integridad jurídica, pero estamos cansados de tanto atropello. Este movimiento va a seguir defendiendo nuestro legítimo derecho a participar en el proceso electoral; que no van a impedirlo con estas estratagemas, ni manipulaciones que están haciendo de los órganos de control. Nosotros queremos garantías porque ya hay anuncios que, si no es con esta decisión atropellada, entonces utilizarán cualquiera”.

En la gráfica aparece custodiado por funcionarios del CTI de la Fiscalía, el alcalde Rafael Martínez y los demás sindicados cuando eran trasladados al Edificio Galaxia para que asistieran a las audiencias.

Rafael Martínez también señaló, que “esta persona (Vicente Guzmán) me deja preocupado, porque él solo lleva 10 casos de este servidor. Y en la Fiscalía, los últimos seis meses, completamos 31 procesos, cuando solo teníamos cinco. Algo raro está pasando, aquí hay una persecución política frente a lo que ha venido pasando en Santa Marta.

 

Señores de la Fiscalía, vayan y persigan a los verdaderos corruptos o es que el departamento y los municipios del Magdalena son un remanso de progreso y desarrollo, ¿o es que no hay delincuentes en esta ciudad a los cuales investigar?

Antes de volver a montar un ‘show’ como estos, nos permita concurrir a los procesos que nos garanticen la legitima defensa, porque hemos actuado con transparencia, con honradez y ahí están las obras y cada peso que hemos administrado”.

LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Las capturas están relacionadas con las presuntas irregularidades en las obras de reconstrucción y modernización de los puestos y centros de salud de La Paz, Taganga, Mamatoco, Bastidas y el IPC La Candelaria, las cuales fueron estipuladas entre octubre de 2014 y enero de 2015.

La modernización de la red pública hospitalaria fue una de las apuestas del exalcalde Carlos Caicedo durante su último año de mandato en agosto de 2014, a través de la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’, se adjudicó el contrato de obra de mantenimiento y adecuación de cinco centros de salud a la empresa Mediredes S.A., por 6.537 millones de pesos, como consta en la Resolución 0329 de la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’ con fecha del 14 de agosto del 2014. Las obras debían finalizar en julio de 2015, pero, más de 3 años después de la fecha inicial para ser entregadas todavía cuatro de esos centros de salud no están terminados, solo fue puesto en funcionamiento el de Bastidas.

Ese contrato se dio por terminado con las obras avanzadas en un 48 por ciento para el centro de salud de Taganga, un 46 por ciento para el de La Paz y un 66 por ciento para el IPC La Candelaria, según los contratistas por falta de recursos. El alcalde Rafael Martínez adujo, que tuvo que sacar de los ingresos del Distrito la cifra de 6.079 millones de pesos para terminar los centros anteriormente mencionados. En ese entonces, el centro de salud de Mamatoco quedó por fuera, porque, según el alcalde Martínez, “no había recursos para los cuatro”.

De acuerdo con lo anterior, el alcalde suspendido Rafael Martínez, ha indicado que los puestos de salud se encuentran en ejecución y que tiene plazo para entregarlos en marzo del próximo año. “Nadie ha dicho que están sin construir, están en construcción, lo que pasa es que están en desarrollo, por eso es que se debe llamar a un proceso. Una cosa es que haya unos centros de salud en construcción dentro del cronograma del contrato que se vence en marzo y ahí están mis actuaciones, entonces no pueden tratarme de delincuente cuando estoy dentro de los términos”.

PRESUNTA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO

Con base en lo expresado por el alcalde suspendido Rafael Martínez y el exalcalde Carlos Caicedo, la Fiscalía les violó el derecho al debido proceso. “Creo que el juez ha aplicado justicia dándonos la razón, la Fiscalía no ha aportado una sola prueba, no ha llevado ningún documento, solo se trataba de un ‘show’ mediático para afectar nuestra imagen en el mejor momento de la gestión”, señaló el Mandatario de los samarios, quien agregó, “de manera sospechosa la Fiscalía de un momento a otro ha acumulado más de 30 investigaciones cuando en meses anteriores solo tenía cuatro”.

Uno de los capturados por las presuntas irregularidades en la construcción de los centros de salud del Distrito.

El juez Octavo de Control de Garantías, Gabriel Modesto Ospino Guzmán, concedió la libertad de los seis implicados al considerar que Salustiano Fortich Molina, fiscal 41, no estableció el traslado oportuno de los materiales probatorios.

Debido a ello, se consultó al abogado, magíster en Derecho, Humberto Díaz, quien opina, que esto no significa que el delito no haya sido cometido, sino que simplemente las formalidades de una captura y el inicio del proceso no cumplían con lo que el fiscal solicitaba, enviar a presión a los implicados mientras se adelantaba el proceso. “La teoría del caso debe estar basada con todos los elementos de la teoría probatoria física que tengan para poder refutar los inicios y los hallazgos de los indicios penales que la Fiscalía les imputa a los acusados. La Fiscalía violó los derechos fundamentales de los clientes, pero eso no tiene ninguna repercusión. En el proceso penal se atentó contra el honor y la institucionalidad de unas personas, que tal como lo establece la Constitución, solo se puede hablar de culpabilidad cuando se le haga un juicio”.

Explicó el magíster en Derecho Penal, que “la Fiscalía debió escucharlos en el interrogatorio para que ellos tuvieran la oportunidad de desvirtuar y no solo irse en el proceso. Claro que esta violación al debido proceso se llegó a encarrilar dentro del proceso penal que la defensa dentro de la audiencia preparatoria tendrá que formular su teoría del caso para poder demostrar la inocencia de sus clientes”.

El artículo 29 de la Carta Magna colombiana establece que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. La directora de la Misión de Observación Electora, en el Magdalena, Giovanna Simanca reafirma esta premisa con la frase: “nadie es culpable de la comisión de un hecho punible hasta que se demuestre lo contrario a través de una sentencia judicial”.

El abogado penalista, Díaz puntualiza, que “toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio, durante la investigación y el juicio; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

 

Se entiende por este derecho que ninguna persona podrá ser sometida a los perjuicios legales simplemente por interés particular de un funcionario y que todo el actuar de las instituciones del Estado en un proceso judicial deben estar determinadas por los derechos fundamentales de los ciudadanos y de su deber ético como funcionarios”.

También, el contratista e interventor de la obra; además de los funcionarios de la E.S.E Alejandro Prospero Reverad, fueron dejado en libertad, pero continúan en el proceso jurídico.

Para el alcalde Martínez hay un propósito político detrás de estas capturas y no se trata solo de una simple investigación de la Fiscalía, indicó, que “claramente hay una intención de sacarlo a uno por la vía judicial para inhabilitarlo del ejercicio público y es claro que eso es un mandado de los sectores políticos que gobiernan este país, esto no se puede entender de otra manera. La Fiscalía no tiene que ordenar captura, porque debidamente no soy un peligro para la sociedad, no voy a obstruir la justicia, porque me he puesto a disposición de ella, las puertas están abiertas, ni me voy a ir del país ni voy a huir, porque acá están mis hijos, está mi casa y mi vida”.

Cabe destacar, que la ley establece que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Por ello, toda orden de captura debe establecer los motivos por los cuales se da lugar, que debe ir acompañada de pruebas fehacientes y racionales que demuestran la culpabilidad del implicado en un delito.

¿Y SU ASPIRACIÓN

Ante la nebulosa situación en la que se encuentra el exalcalde y precandidato, Carlos Caicedo, se han generado expectativas sobre su aspiración presidencial.

 

Frente a lo anterior, la Directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) Seccional Magdalena, Giovanna Simanca, explicó, que “en este momento hay un proceso en curso, hasta que no exista un pronunciamiento de un Juez de la República que lo declare culpable de la comisión de un hecho punible no existiría inhabilidad para que él pudiera truncar sus aspiraciones”.

Así las cosas, en este momento Carlos Caicedo continúa como candidato a las elecciones de la Presidencia de la República. “No hay impedimento legal para que no se inscribiera, aún no ha sido condenado por sentencia judicial, es una persona que está sindicada de un hecho punible, pero todavía no existe un fallo judicial que determine que cometió los delitos que se le están imputando”, señaló la Directora del MOE en el Magdalena.

Giovanna Simanca, directora de la MOE.

Aquí hay una procuradora Regional de Cambio Radical, todo el mundo lo sabe, que fue la oposición al alcalde Rafael Martínez cuando fue concejala, sin embargo, son personas que se refugian en esos organismos para lograr lo que no pueden en las urnas. ¿Acaso es que les preocupa que podamos impulsar candidatos a la Cámara o al Senado que los derrote y les abran un espacio o un boquete democrático a sectores alternativos frente al control que ha tenido esta bancada parlamentaria que no sirve absolutamente para promover un proyecto de ley en el Congreso, para hacer un debate que valga la pena a cualquier instancia del gobierno y están pendientes de puestos y contratos en el alto gobierno? Esto tiene que terminar”, enfatizó Carlos Caicedo.

Por su parte, el Director de la Fiscalía Seccional Magdalena, Vicente Guzmán, manifestó, que “la investigación es sólida, no es llevada a las carreras como se le ha hecho creer a la comunidad, la Fiscalía no tiene agenda política, no está para hacerle mandados a nadie”. Esto de acuerdo con las acusaciones hechas en reiteradas ocasiones por los implicados, al hablar de una persecución política de las antiguas administraciones.

EL CARIBE VOTARÍA POR CAICEDO

En una encuesta polimétrica realizada por Cifras & Conceptos para Caracol Radio y Red Más Noticias aplicada entre el 23 y el 26 de noviembre de 2017, el candidato presidencial, Carlos Caicedo, fue visible logrando un 9% de favoritismo en el Caribe.

Esta encuesta presencial fue aplicada a 1.795 personas residentes en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Cúcuta, Neiva, Villavicencio y Santa Marta.

Para este estudio fueron consultados hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos que conforman el ámbito geográfico del estudio. Se estimó un total de 6.6 millones de votantes activos. El margen de error máximo esperado era de 4.5%, con una confiabilidad del 95%.

Caicedo expresó en sus redes sociales, “pese a que iniciamos con el 1% de aceptación por parte de los colombianos, para nosotros es un logro que las encuestadoras del orden nacional, se den cuenta que desde las regiones está naciendo una propuesta alternativa que cuenta con el respaldo de la ciudadanía”.

El pronunciamiento lo hizo luego de que, a través de las redes sociales, hiciera solicitud a las encuestadoras del país de tener en cuenta los movimientos políticos desligados de la oligarquía radicada en Bogotá.

En el reciente estudio de imagen de líderes en el país, realizado por el Centro Nacional de Consultoría y CM& La Noticia, que anteriormente también lo había tenido en cuenta, el exalcalde obtuvo 9% de favoritismo en la Región Caribe, es decir, votaría este porcentaje por él a la Presidencia de la República.

Analistas sobre el tema aseguran, que este porcentaje es un logro para el candidato samario, teniendo en cuenta, que su favoritismo está basado en el acompañamiento de las minorías.

HAY AFECTACIÓN INSTITUCIONAL

La situación que atraviesa Santa Marta, aunque tenga una alcaldesa encargada, no deja de afectar su proceso social. Para el abogado Humberto Díaz, “la institucionalidad se golpea, no hay gobernabilidad porque no es lo mismo estar encargado que estar en propiedad para tomar las decisiones de fondo. Porque existen unas limitaciones en el ejercicio de su cargo”.

La Dirección del MOE en el Magdalena explica, que la situación actual de los sindicados es clara, el candidato presidencial Carlos Caicedo, no tiene ningún tipo de restricción en cuanto a seguir con su proceso de candidatura presidencial y el alcalde Rafael Martínez, tiene una suspensión provisional de la Procuraduría, es decir, no existe una destitución del cargo, no hay renuncia, hay una persona encargada de desempeñar sus funciones mientras termina la investigación.

Aclara, que en este caso no habría cabida para realizar unas elecciones atípicas, lo que se entiende como eventos electorales que se realizan por fuera del calendario electoral ordinario, con el fin de cubrir la vacancia absoluta de un mandatario y elegir una autoridad por el tiempo que resta del periodo constitucional del cargo. Esta se da cuando la vacancia se registra faltando 18 meses o más para la terminación de dicho periodo.

Las causas que originan la falta absoluta y abre camino a unas elecciones atípicas son, de acuerdo con el artículo 98 de la Ley 136 de 1994, la muerte; la renuncia aceptada, la incapacidad física permanente; la declaratoria de nulidad por su elección; la interdicción judicial; la destitución; la revocatoria del mandato; y la incapacidad por enfermedad superior a 180 días.

Igualmente, y de acuerdo con el Acto Legislativo 02 de 2002, el periodo constitucional de los alcaldes y gobernadores es de cuatro años y siempre que se presenta una falta absoluta del mandatario faltando 18 meses de la terminación del período, se elegirá uno nuevo para que lo finalice.

En el caso específico del alcalde suspendido Rafael Martínez, la directora del MOE, Simanca, afirma, que, mientras supera ese periodo de investigación por parte de la Procuraduría, hay una alcaldesa encargada, pasado ese tiempo, el alcalde puede retomar su cargo de forma normal, sin embargo, al presentarse algunos de las causas anteriores que originan la falta absoluta, se realizarían unas elecciones atípicas, (llamadas de esa forma por el contexto en el que se presentan) y se convocaría nuevamente a unas elecciones donde los ciudadanos podrán elegir al candidato de su preferencia para que quede al mando por el tiempo que le resta a Rafael Martínez.

Sí la vacancia se presenta a menos de 18 meses de la terminación del período, el Gobernador o Presidente de la República, según el caso, debe designar un nuevo mandatario encargado por lo que resta del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el mandatario elegido.

No obstante, según una fuente técnica consultada, “las experiencias nos han demostrado que no es bueno, ni conveniente, pues llegan mandatarios con nuevas ideologías con nuevas propuestas, con nuevos punto de vistas, con nuevas proyecciones y no hay una continuidad en las políticas públicas, algunos casos se vivieron en años anteriores en el municipio de Ciénaga, en su debido momento, el alcalde Serrano fue destituido y como Ciénaga tuvo durante ese periodo un gran número, por decirlo de alguna manera, de mandatarios encargados, afectó en gran medida al municipio”.

El artículo 107 de la Ley 136 de 1994 dispone que, en caso de falta absoluta de un alcalde, el Gobernador respectivo mediante un Decreto de encargo señalará la fecha de la elección del nuevo mandatario, la cual debe realizarse dentro de los dos meses siguientes a la expedición del citado decreto y lo mismo ocurre cuando la vacancia definitiva se da en el cargo de Gobernador, caso en el cual el Presidente de la República debe convocar a nuevas elecciones. Una vez el ejecutivo convoca a elecciones y fija la fecha de las mismas, la Registraduría Nacional del Estado Civil orienta su equipo humano y técnico a la organización de la nueva jornada electoral.

A la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de la Constitución Política y en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1010 de 2000, le corresponde fijar el calendario electoral para tales eventos teniendo como base el decreto de convocatoria que expide el correspondiente Gobernador y la sentencia C-448 de 1997.

Las inscripciones de candidatos para el caso de las faltas absolutas se rigen por el Artículo 30 de la Ley 1475 de 2011, la cual señala que el periodo de inscripción durará 15 días calendario, contados a partir del día siguiente de la convocatoria a nuevas elecciones. Para la modificación se aplican los 5 días establecidos siguientes al vencimiento de la fecha de inscripción de acuerdo con lo establecido en la mencionada Ley.

también lo consideró inconveniente dado que aún permanecían en el sitio todas las personas que asistieron a la audiencia, lo anterior se puede corroborar, donde pasaron la noche los imputados y donde resido yo, al igual que la gestión con las autoridades de Policía”.

El juez, Gabriel Ospino Guzmán asegura en el oficio enviado, que, “la afirmación realizada por el Fiscal es inexacta y afecta el derecho fundamental a mi buen nombre, puesto que a los ojos de la opinión pública quedé como si hubiera actuado de manera ‘torcida y caprichosa’, lo cual como se aclara, no es cierto; por lo que solicito muy respetuosamente es que se haga con el mismo despliegue la aclaración respectiva”.

De acuerdo con lo anterior, el abogado penalista Humberto Díaz, considera que el oficio enviado por el juez no es claro, porque el juez no precisa cuáles son los puntos sobre los debe hacer la aclaración, ni tampoco precisa sobre la fundamentación y argumentación de su decisión a tomar, por los cuales la Fiscalía hizo alguna apreciación a priori sin justificación alguna.

Díaz explica, que los puntos clave y preocupantes en el oficio enviado al Fiscal, son una especie de intimidación por parte del Fiscal cuando en plena audiencia lo invita a ir a su oficina. Lo que pone en tela de juicio es si, ¿esa intimidación tiene algo que ver con la igualdad de cargas?, además, señala, que la igualdad de cargas es la transparencia que debe tener el juez al impartir justicia, y que debe estar en una balanza totalmente neutral para impartirla a la parte que tenga la razón.

Carlos Caicedo une fuerza para su candidatura política con Gustavo Petro y Clara López.

AVANCES EN EL PROCESO DE SUSPENSIÓN

Sobre su suspensión por tres meses por presunta participación en política en favor de su antecesor Carlos Caicedo Omar, hoy candidato a la presidencia, el alcalde Martínez indicó, “estamos esperando la respuesta a unos recursos que se interpusieron, he solicitado el aplazamiento de la audiencia para el 18 de diciembre, en estos días estamos esperando que se interpongan los recursos que se pidieron a la medida de suspensión llamado a audiencias”.

JUEZ VS. FISCALÍA

Luego de las declaraciones hechas por el director de la Fiscalía seccional Magdalena, Vicente Guzmán, donde indica puntualmente que la decisión del juez fue “desafortunada y desatinada”, el juez Octavo Municipal de Control de Garantías, Gabriel Modesto Ospino, envió un oficio al representante del órgano de investigación en este Departamento, para solicitarle rectificación frente a las declaraciones entregada a los medios de comunicación porque afectaba su buen nombre.

Por su parte, el fiscal Vicente Guzmán Herrera, emitió un comunicado a la opinión pública donde aclara, que ”una vez finalizada la Audiencia de Imputación y al enterarme en la noche del miércoles pasado por uno de los investigadores del CTI, que el juez ordenó el traslado de los imputados a la Policía Metropolitana de Santa Marta , lugar donde yo resido, lo cual resulta inconveniente desde todo punto de vista, decidí bajar al tercer piso donde todavía se encontraba el juez para pedirle que los dejara en otro sitio o en el Batallón, el investigador lo consideró inconveniente que bajará por seguridad y dado que todavía estaban las partes, le dije que si era posible que el juez subiera a la Dirección, también lo consideró inconveniente dado que aún permanecían en el sitio todas las personas que asistieron a la audiencia, lo anterior se puede corroborar, donde pasaron la noche los imputados y donde resido yo, al igual que la gestión con las autoridades de Policía”.

El juez, Gabriel Ospino Guzmán asegura en el oficio enviado, que, “la afirmación realizada por el Fiscal es inexacta y afecta el derecho fundamental a mi buen nombre, puesto que a los ojos de la opinión pública quedé como si hubiera actuado de manera ‘torcida y caprichosa’, lo cual como se aclara, no es cierto; por lo que solicito muy respetuosamente es que se haga con el mismo despliegue la aclaración respectiva”.

De acuerdo con lo anterior, el abogado penalista Humberto Díaz, considera que el oficio enviado por el juez no es claro, porque el juez no precisa cuáles son los puntos sobre los debe hacer la aclaración, ni tampoco precisa sobre la fundamentación y argumentación de su decisión a tomar, por los cuales la Fiscalía hizo alguna apreciación a priori sin justificación alguna.

Humberto Díaz, abogado y magíster en Derecho.

Díaz explica, que los puntos clave y preocupantes en el oficio enviado al Fiscal, son una especie de intimidación por parte del Fiscal cuando en plena audiencia lo invita a ir a su oficina. Lo que pone en tela de juicio es si, ¿esa intimidación tiene algo que ver con la igualdad de cargas?, además, señala, que la igualdad de cargas es la transparencia que debe tener el juez al impartir justicia, y que debe estar en una balanza totalmente neutral para impartirla a la parte que tenga la razón.

 

 

EL JUICIO APENAS COMIENZA

El abogado y magíster en Derecho Humberto Díaz dijo, que el juicio apenas comienza. “Se encuentran en la etapa de las audiencias concentradas, después de terminarlas se define la imputación, los sitios donde van a ser recluidos o sino solicitar la medida de aseguramiento; después vendrían las audiencias de acusación que es donde la Fiscalía perfecciona el discurso de imputación y le dice a la persona por qué lo está acusando”.

“Aunque estén en libertad, ellos siguen en investigación y tenemos todo el material probatorio, esto apenas comienza”, aseguró el director de la Fiscalía Magdalena, Vicente Guzmán.

El experto en Derecho Penal, Humberto Díaz, explica que, “cuando se presentan estas audiencias del Sistema Penal Acusatorio, estas deben ser públicas y al ser públicas ya no hay reserva sobre ninguna de las actuaciones. En la audiencia concentrada, el Fiscal debe romper lo que se llama la reserva y hacer cubrimiento de algunos materiales probatorios y de evidencias físicas para persuadir al Juez de Control de Garantías sobre la inferencia razonable y el que pueda determinar si se amerita o no el sitio de reclusión, la medida carcelaria para la persona que en ese momento es enjuiciada”.

¿ERRORES PROCESALES?

La decisión del juez Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Gabriel Modesto Ospino, está en entredicho, especialmente por el director de la Fiscalía Seccional Magdalena, Vicente Guzmán, que manifiesta no estar de acuerdo con la decisión del Juez de Garantías que dejó en libertad a exalcalde y alcalde de Santa Marta, por presuntos vicios de forma en el traslado de evidencia a la defensa.

En síntesis, los implicados fueron dejados en libertad, según la Fiscalía, “por aparentes vicios de forma en la audiencia y no por falta de evidencias sobre irregularidades de puestos de salud”. No obstante, para Rubén Ceballos, abogado magister en Derecho Penal “previamente se había hecho la audiencia de imputación y el juez la había legalizado sin objeciones”.

Según Ceballos, el procedimiento regular se deben realizar tres audiencias en una sola: la primera es la legalización de captura, sin duda alguna los fiscales siempre hacen uso de los elementos probatorios, para que el juez legalice la captura.

Explica el experto en derecho que una captura la puede ordenar cualquier juez de garantías del país, normalmente la piden fuera del Distrito o del municipio o el lugar donde va a ser capturada la persona para que no se filtre la información, porque esas son unas audiencias reservadas. Cuando la persona es capturada y comienza la audiencia que está dividida en tres y comienza la primera que es la legalización de captura, la cual para ser vigente o correcta se debe o debió utilizar todos los elementos probatorios.

En segunda instancia, para el abogado Ceballos, “después de la legalización de captura hacen el acto de imputación de cargo, pero para poder imputar sin duda alguna, los fiscales deben basarse en los elementos probatorios y el juez al terminar la imputación lee el uso de la palabra a los sujetos procesales para ver si tienen observaciones o si entendieron los cargos que se les están notificando. Si la imputación quedó sin objeción, también se puede considerar que las partes estaban conociendo los hechos probatorios”.

El abogado Rubén señala, que “ en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento el fiscal en su petición utiliza los medios probatorios, que es lo que se acostumbra, que este fiscal corra el traslado de esos medios probatorios, es decir cuando se entregan los medios probatorios a la defensa, al Ministerio Público, es decir, se pasa el cuadernito de un lado para otro para que la defensa manifieste todas las observaciones, si no lo hacen por olvido el juez, se debe tomar la iniciativa de decir, ponga el traslado de elementos probatorios al resto de las partes”.

El experto en leyes explica, que “ahí hay un error del fiscal por no hacerlo y hay un error de omisión del juez al no solicitar el traslado. Esto es una conducta omitida que se sanciona disciplinariamente en el caso del juez o en el caso del fiscal, no se sabe si hay inferencias probatorias de responsabilidad o sino hubo debate de lo principal”.

LA INVESTIGACIÓN SIGUE

Rubén Ceballos, abogado, magíster en Derecho Penal.

El abogado Rubén Ceballos comenta, que “en este momento hay un proceso abierto y en desarrollo, ellos quedaron imputados sin objeción”. También es importante tener el audio para conocer con certeza lo que dice esa grabación. “El audio es fundamental para determinar las condiciones en las que se desarrolló la audiencia. Lo grave en esta compleja situación es que el juez entra en polémicas, ellos no deben hacerlo, los jueces se pronuncian en sus actos y providencia”.

 

 

Sin embargo, afirma, que el aboga Sin embargo, afirma, que el abogado de Caicedo y Martínez, actuó con fiel conocimiento de sus derechos y que fue un ‘papayazo’ que no podía desaprovechar, “esta inestabilidad jurídica no conviene como ciudad, porque ellos están imputados en estos momentos, tan así que están fuera del comercio, no pueden vender, ni comprar, ni hipotecar por seis meses, no pueden salir del país, no pueden cambiar de domicilio”.

El proceso sigue en marcha, ya hay imputación, ya tienen procesos, ya están señalizados, no es que ya tengas que ser condenados, ya tienen los medios probatorios, ya saben cuáles son los cargos, porque el error principal fue que no dieron la medida de aseguramiento por razones procesales, cuando hay inferencias probatorias, por razones procedimentales, el juez se abstuvo”.

DIFERENCIAS ENTRE PROCESOS PENALES ACTUALES Y LOS DE LA LEY 600

Una de las principales diferencias entre los procesos penales que se llevan hoy y los que se realizaban anteriormente, según el abogado Rubén Ceballos, “es que la Ley 600 era escrita, la 906, sistema acusatorio actual, es oral en gran medida, pero tiene algunas excepciones que van escritas, como por ejemplo, la acusación se debe registrar por escrito, también cabe resaltar que, la Ley 600 era un sistema inquisitivo”.

Teniendo en cuenta el caso en el que se encuentran inmersos ambos dirigentes políticos, para el abogado Ceballos “el próximo paso la acusación que se debe hacer por escrito y después formalizarlo oralmente. En el sistema viejo, la Fiscalía era autónoma, en la etapa de instrucción, en este nuevo sistema la Fiscalía debe avalar sus procedimientos o actuaciones ante los jueces de la República, en las etapas iniciales frente ante los jueces de control de garantías y avanzadas esas etapas, ante los jueces del conocimiento que son los penales del circuito.

El debido proceso consiste en que si un fiscal considera que tiene material probatorio para conseguir una orden de captura debe ir ante un Juez de Control de Garantías de cualquier parte de Colombia y solicitar la orden y si es el juez quien la imparte, el sindicado debe ser imputado con los elementos probatorios si la Fiscalía lo considera necesario, porque puede huir del país u obstruir a la justicia.

También reveló, que el próximo paso es la audiencia concentrada, la cual se divide en tres. El juez legaliza la captura, verifica que se hizo todo el procedimiento, si hay garantías de los derechos, acto seguido imputa con los medios probatorios que considere legalmente vinculados o formalmente adscritos al proceso.

Desde el punto de vista de los implicados en el caso, se hace representar por la “demanda de constitución de parte civil” y que estas sean reconocidas como tal en esa demanda, acreditando los daños y perjuicios.

EN LAS REDES SOCIALES

Los dimes y diretes fueron publicados en las redes sociales desde el día que el juez Gabriel Ospino ordenó la libertad de las seis personas señaladas por la Fiscalía de presuntas irregularidades en los puestos de salud de Santa Marta.

Varios de los implicados se fueron lanza en ristre contra el ente investigador y estos a su vez, defendieron su posición. Así mismo, los sindicados criticaron a varios dirigentes políticos del Magdalena.

A continuación, publicamos algunos de los pantallazos de los ‘protagonistas’ del enfrentamiento virtual.

OPINIÓN CARIBE intentó comunicarse con el congresista Eduardo Agatón Díaz Granados Abadía y con el exgobernador del Magdalena, Luís Miguel Cotes, para escuchar su posición sobre las acusaciones hechas por el exalcalde Carlos Caicedo, pero ello no fue posible.

 

RESTAURACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DISTRITAL

Según la funcionaria del orden distrital, en este momento se encuentran en construcción de los puestos de salud de Mariaeugenia, La Paz, Mamatoco, Taganga.

Luís Miguel Cotes H., exgobernador del Magdalena.

Mientras el distrito de Santa Marta termina la ejecución de los centros de salud, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, los usuarios son atendidos en centros provisionales, donde la queja generalizada es que en las urgencias no hay insumos. Para que los atiendan deben comprar desde jeringas hasta medicamentos.

Frente a estas inconformidades, la secretaria de Salud Distrital Blanca Rosa Fernández, manifestó, que no se ha desatendido a la población, porque cada uno de los centros de salud que han sido intervenidos tiene un centro alterno. “Hemos tratado por todos los medios que funcionen, nosotros somos conscientes de que no es el estado ideal”, explicó.

La funcionaria asegura, que algunas veces se padece por la falta de insumos, y esto ha provocado un sinnúmero de quejas. Sin embargo, esto se debe al aumento de pacientes venezolanos. “Ellos llegan por un servicio y hay que atenderlos, pero existe la posibilidad de que puedan presentarse otros enfermos que también los necesite”.

Albeis Fuentes Pimienta, defensor Regional del Pueblo.

En medio de la crisis hospitalaria, el Defensor del Pueblo, Albeis Fuentes, señaló, que existe una falta de coordinación y de articulación en esta red hospitalaria, lo que da como resultado la insuficiencia en las camas de hospitalización, de insumos médicos y del servicio social con las autorizaciones médicas necesarias para tener acceso a una medicina especializada.

El Defensor del Pueblo manifiesta, que desde la Defensoría se hizo una respetuosa advertencia en diciembre de 2014 sobre la necesidad de que hubiese un equilibrio financiero en la E.S.E., ‘Alejandro Próspero Reverend’, antes de entrar a modernizar los puestos y centros de salud del departamento del Magdalena.

Advierte que esto no se acató, al notarse el estado en el que se encuentran los centros asistenciales. “Esos puestos de salud están en el piso, se prestan los servicios en casas que no están habilitadas para ello, lo que vulnera el derecho fundamental a la salud de los samarios y de los más pobres”.

Blanca Rosa Fernández, secretaria de Salud Distrital.

Por su parte, Blanca Rosa Fernández, secretaria de Salud del Distrito, reveló, que dentro del plan de desarrollo del alcalde suspendido Martínez se proyectó la construcción de diez nuevas instalaciones de puestos de salud. “Se debe hacer con base en algunas normativas, es decir, en el cumplimiento de redes y todos los proyectos que deben ser viabilizados por el Ministerio de Salud. En ese proceso se adelantaron tres que cumplen de manera efectiva todas las partes legales. Los centros de la Paz, Taganga y el IPC de ‘María Eugenia’, aún se encuentran en proceso de finalización”.

La Secretaria de Salud Distrital agrega, que estos centros asistenciales estuvieron suspendidos mientras se hacían ajustes de la norma, pero que el Alcalde suspendido tiene garantizado el recurso para la terminación y la dotación de los mismos. “Van a ser no solo unas instalaciones nuevas y modernas, sino que también va a contar con la dotación de todos los equipos”.

Este el estado en que se encuentran los puestos de salud del Distrito al cierre de esta edición.

 

NUEVOS EQUIPOS PARA LA COMUNIDAD

La funcionaria del Distrito informó, además, que se han gestionado los recursos para renovar el parque de ambulancias, “en este momento tenemos garantizada la compra de cuatro ambulancias, dos serán entregadas antes del 30 de noviembre o los primeros 10 días de diciembre; las otras, están en proceso de legalización de compra y se encuentra en los planes del alcalde suspendido, el ubicarlas en la zona rural, Guachaca y en La Paz. Santa Marta tendrá para el 2018, no solo centros de salud modernos y completamente abastecidos, sino que, contará con la dotación de ambulancias tanto en el casco urbano como en la zona rural.

Pese a esto, el centro de salud de Mamatoco, tres años después, sigue sin terminar, y el de Gaira no ha iniciado las construcciones. El motivo, la demora, y, en algunos casos, la falta de trámites.

La secretaria de Salud, Blanca Fernández, frente a esto reveló, que “el puesto de salud de Gaira está un poco más atrasado, porque el Ministerio tiene aguantada todas las viabilidades por ciertos ajuste en la Resolución 2003, que es la que nos dice en términos generales -que modifica todos los términos y las condiciones de habilitación para aprobar lo que tiene que ver con salud- es decir, las instalaciones estructurales y las instalaciones que tienen que ver con el servicio.

Que debido a la buena ubicación que tiene el puesto de salud de Gaira, va a ser mucho más grande en cuanto a infraestructura, además de especializada en los diferentes servicios. Lo que no queremos es comenzar la construcción de la obra, sin necesidad de paralizarlas porque hay que hacer unos ajustes normativos”, concluyó Fernández.

De igual forma habla sobre su compromiso con la ciudadanía de seguir aunando esfuerzos para el mejoramiento y las garantías del derecho a la salud.

Asimismo, Albeis Fuentes desde la Defensoría del Pueblo le hace un llamado a la administración actual al manifestar, que “la E.S.E. hay que cuidarla como el tesoro más preciado de los samarios, aquellos vulnerables de los que no tienen como acceder al servicio de salud de una forma distinta que el aseguramiento a través del régimen subsidiado. Cada vez que se necesite nuestra presencia, ahí estaremos, es nuestra labor y la haremos con la vehemencia que se nos ha conocido durante estos años”.

“Nunca hubo debido proceso”: Patricia Caicedo

La aspirante a la Cámara de Representante por el Partido Verde, Patricia Caicedo Omar, manifestó que desde que inició el proceso de la Fiscalía en contra de Carlos Caicedo, se violó el debido proceso.

Sostiene que el candidato a la Presidencia de la República, Carlos Caicedo, se presentó hace menos de un mes en la Seccional de Fiscalías con el fin de aportar información y aclarar algunos aspectos en los casos que investigaba este ente.

“Él fue a la Fiscalía precisamente porque ese ruido estaba y para rendir los descargos necesarios y resulta que le dijeron que no había nada. Todo esto fue tan irregular que sentimos que no teníamos garantías

Durante los días de audiencia, la líder política en el Magdalena estuvo al frente de cada detalle del proceso, con el fin de evitar que se vulneraran los derechos de los implicados, especialmente del exalcalde de Santa Marta.

De igual manera, fue una de las que impulsaba a los seguidores del movimiento Fuerza Ciudadana a expresar el apoyo al suspendido alcalde Rafael Martínez y a Carlos Caicedo.

 

“Quieren truncar las aspiraciones presidenciales
de Carlos Caicedo”: Elisa Villarroel

Para Elisa Villarroel, líder política e inscriptora de la candidatura de Rafael Martínez a la Alcaldía de Santa Marta, estas capturas hacen parte del claro disgusto que tienen las antiguas administraciones por el cambio que se viene desarrollando en la ciudad y desean truncar las aspiraciones del precandidato Carlos Caicedo Omar a la Presidencia.

“El alcalde tiene esa favorabilidad producto del reconocimiento de los ciudadanos y claramente la persecución es porque no se tiene el control, como si lo tiene la política tradicional de los organismos de control”, dijo Elisa Villarroel, líder política.

Asimismo, manifestó a OPINIÓN CARIBE que “las capturas estaban anunciadas en los días en los que nos preparábamos para darle inicio a los Juegos Bolivarianos, Rafael recibió una advertencia anónima, de que había un plan orquestado contra él y contra Carlos Caicedo”.

La líder política, Villarroel, indicó que, el hecho de que las investigaciones hayan sido realizadas en medio de los Juegos, es una clara forma de exponer las pretensiones políticas de los que están detrás de lo ella llama “persecución política”, declaró que, “esto tiene como propósito empañar ese gran logro que se tuvo, las clases políticas tradicionales y a los modelos de gobiernos que nos hemos enfrentado, desde la administración de Carlos Caicedo e incluso desde la Universidad del Magdalena, no es cómodo que se tengan este tipo de logros”.

Según la líder política, todo hace parte de un evidente esfuerzo por truncar las aspiraciones presidenciales del precandidato Carlos Caicedo, explicó que, “este buen modelo de gobierno que ha tenido resultado en lo territorial, tiene todas las posibilidades de replicarse en el territorio nacional, aquí en el país tenemos unas regiones abandonadas por un gobierno centralista y ciertamente mostrar de que, sí en Santa Marta fue posible, será posible en esas regiones y será posible en todo el territorio, obviamente incomoda a una clase política que se mueve no en el ámbito territorial sino en el nacional”.

 

 

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