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Denuncias

¿Abuso o confusión en Bahía Concha?

Opinión Caribe

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Cobros excesivos e irregulares por parte de particulares para el ingreso a las playas de Neguanje y Bahía Concha, es la denuncia que hacen propios y visitantes de Santa Marta.  

Por Marisol Ramírez Rivera

Santa Marta es la capital del departamento del Magdalena, ubicada a orillas del mar Caribe, a corta distancia una de las cumbres más alta de Colombia, la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que la convierte en un atractivo turístico.

Uno de esos lugares es Bahía Concha, exuberante, misterioso, que es considerado una reserva natural. Los propios y visitantes esperan encontrar allí un remanso de paz, armonía y deleite. Es un área protegida que hace parte del Parque Tayrona, integrada por 450 hectáreas de tierra.

Por tanto, le compete a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, su manejo y administración con el propósito de conservar la diversidad biológica y eco-sistémica representativa del país. Además, proveer y mantener bienes y servicios ambientales, proteger el patrimonio cultural y el hábitat natural donde se desarrollan las culturas tradicionales como parte del Patrimonio Nacional y aportar al Desarrollo Humano Sostenible.

Pero este sitio tiene cobros excesivos para los vehículos particulares, porque se deben pagar entre cinco mil y 30 mil pesos para disfrutar de este paradisíaco entorno. Según la Secretaría de Gobierno, a Bahía Concha ingresan 400 vehículos en un fin de semana, lo cual equivale a 12 millones de pesos.

Además, se ha conocido que la Unidad de Parques hace presencia en estos lugares y se hace la de ‘la vista gorda’ frente a esta situación, y no informa a los visitantes acerca de una servidumbre auxiliar o sendero alterno habilitado para acceder de forma gratuita a Bahía Concha.

Por lo anterior, OPINIÓN CARIBE contactó a los entes involucrados en esta situación, con el fin de esclarecer los hechos y conocer qué gestiones se han adelantado para acabar con estos ‘abusos’ a quienes deciden visitar este atractivo turístico.

La directora territorial de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luz Elvira Angarita, expresó con respecto a la situación, específicamente, el ingreso al lugar, que el equipo que conforma Unidad de Parques debe atender varias zonas del área del Parque Tayrona, entre estas, Bahía Concha, para que no se presente ninguna irregularidad, hay presencia de la Policía, sin embargo, precisó, que por ajustes en el nuevo convenio entre la Administración Distrital y la institución policial, no cuenta con el grupo de carabineros necesario para la completa vigilancia de la zona.

En cuanto al presunto cobro por persona para ingresar al área, la Directora Territorial fue enfática al decir que esto corresponde a las zonas privadas de Bahía Concha, es decir, por fuera del límite del Parque.

A pesar que algunos turistas coinciden en que la Unidad de Parques debe preservar el buen estado de estas zonas,estos han denunciado que la vía de ingreso se encuentra en mal estado. A lo que la Directora aclaró, que dichas entradas se están llevando a cabo por el carreteable que permitieron los propietarios de una zona privada, área desde la cual pueden acceder los vehículos, dando pie a que los dueños de estas zonas cobren por esto. OPINIÓN CARIBE verificó que la zona de ingreso gratis está en un estado de abandono, sería necesario hacer una adecuación del mismo.

“LA ENTRADA GRATIS ES A PIE”

“Para ingresar al balneario, existe un sendero a través del cual, las personas llegan a él de manera gratuita, no hay la posibilidad que se haga en vehículo, solo a pie”, señaló Angarita.

La funcionaria agregó, que la Unidad de Parques no hace cobro si ingresan por zonas privadas. Son variadas las intervenciones que quieren ejercerla servidumbre para ofrecer un mejor acceso y que el sendero esté disponible para todo aquel que quiera disfrutar las zonas de playas.

“Estuvimos conversando con el jefe del parque y me comenta que el sendero está permitido, incluso, nosotros hicimos un recorrido completo del mismo, analizando si se pueden hacer ciertas adecuaciones. Son aproximadamente 2.5 kilómetros para entra por la servidumbre. Lo único que se encuentra al final del camino es una zona de cangrejos azules, por tanto, debe elevarse el sendero o construir alguna estructura de madera para que la gente no los pisen y no haya problemas con ellos”, mencionó.

Ante la situación, el secretario de Gobierno distrital, William Renán, manifestó, que espera unos estudios realizados por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para identificar a quien o a quienes pertenecen estas zonas, ya sean públicas o privadas y así implementar las regulaciones.

Entre las funciones que debe cumplir la SAE se encuentra la enajenación temprana de bienes con medidas cautelares, ya sean muebles sujetos a registro, de género, fungibles consumibles, perecederos, semovientes, a los que amenacen ruina, pérdida, deterioro del ambiente o los que sean materia de expropiación por utilidad pública, o servidumbre, o aquellos que de acuerdo con un análisis de costo – beneficio se concluya que su administración o custodia ocasionan perjuicios o gastos desproporcionados, previa autorización del fiscal de conocimiento o juez de extinción de dominio.

La gestión realizada por la Secretaría fue pedir a la SAE que le solicitara un amparo a la posesión, en otros términos, un amparo policivo por perturbación a la servidumbre. Según el Código Nacional de Policía, se dispone en el artículo 125 que “La policía sólo puede intervenir para evitar que se perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso de que se haya violado ese derecho, restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación”.

AMPARO POLICIVO

El amparo policivo consiste en evitar que se perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, por tanto, el Inspector de Policía bajo el principio de inmediatez ordena a las personas que perturben la posesión de un legítimo poseedor, que cesen tales acciones y tomará las medidas pertinentes para proteger tal Derecho. Cabe anotar, que en estos procesos de amparo a la posesión no se discute la propiedad.

El Decreto 1575 de 2011 estableció, que, “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es su deber asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.” Además, conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 56 de 1981, corresponde a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, tanto civiles como militares, velar por la protección de los bienes de la entidades propietarias de las obras que trata esa ley.

Los artículos 16 de la Ley 56 de 1981 y 56 de la Ley 142 de 1994, declararon de utilidad pública e interés social la ejecución de los planes, proyectos y obras para la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la adquisición de espacios suficientes para garantizar la protección de las instalaciones respectivas, así como las zonas a ellas afectadas, permitiendo la expropiación de bienes inmuebles para dichos fines.

La SAE, por su parte, dio a conocer, que no tenía plena seguridad de que la zonas donde se realiza el cobro esté bajo su ‘custodia’, por lo que envió a algunos funcionarios para tomar coordenadas con satélite y luego de tener en claro si el predio estaba bajo su poder, teniendo la exactitud de las delimitaciones, le solicitarán a la Secretaría de Gobierno la protección del predio, además de prestar amparo policivo para regular, en caso que se estén haciendo, esos cobros excesivos a los turistas.

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