Connect with us

Opinión

El poder de los políticos en los medios de comunicación

Opinión Caribe

Published

on

Por Cecilia López Montaño

Colombia vive en medio de un enredo que ha aceptado sin medir sus consecuencias y que empieza a mostrar la forma tortuosa como se limita la libertad de información. No iba a ser gratuito el acaparamiento de los medios de comunicación por parte de los grupos económicos más importantes del país.

Hoy, tanto en medios escritos como en televisión los más importantes pertenecen a Sarmiento Angulo, el hombre más rico de este país; al grupo Santo Domingo o a aquel liderado por Ardila Lulle, las tres grandes fortunas nacionales. Estos grupos económicos tienen infinidad de negocios que sin duda dependen en gran parte de decisiones que debe tomar el Estado.

Nunca ha sido fácil legislar de manera independiente porque senadores y representantes a nivel nacional y sus equivalentes en las regiones, han sido financiados en sus campañas políticas por este sector privado que entiende perfectamente que estos recursos son su gran inversión.

Así lo nieguen, es una forma no tan sutil de comprar voluntades. Obviamente su poder es aún mayor si controlan los principales medios de comunicación de cuya información al país depende la supervivencia de los políticos, llámense senadores o representantes, así como sus pares regionales.

En otras palabras, si los grandes empresarios de este país manejan la prensa y la televisión y a su vez dependen de las decisiones del Congreso de la República, es muy fácil que solo se conozca en estos medios lo que a los políticos les convenga. Para no ser injusto, en caso de algunos de estos grupos, sus respectivos medios gozan de mucha libertad, pero en otros casos como el que ahora se denuncia en medios independientes, la relación no es tan santa.

Pirry se conoce en Colombia porque su capacidad de hacer denuncias que no son neutras o inofensivas como la de otros programas similares en la televisión colombiana. Él es muy duro y ha puesto sobre el tapete temas realmente aberrantes de nuestra sociedad. Ahora se sabe, que después de varios meses de preparación y de un equipo de más de 20 personas haciendo una serie de capítulos de su programa, cuando estaba lista su programa, Pirry recibió la poco amable notificación por parte de unos de los dueños del grupo Ardila Lule, a quien pertenece el canal RCN, que este no se presentaría.

Hoy se sabe que RCN prefirió pagar un mundo de dinero, el cual se perdió, antes que permitir la emisión de la serie de denuncias que había preparado Pirry y su equipo. Pero como entre cielo y tierra no hay nada oculto, se afirma que la razón es que uno de los capítulos de Pirry se refería a una denuncia que afectaba directamente al actual Presidente del Senado. Es solo un rumoreo muy fuerte que nadie se atreve a confirmar, ni el mismo Pirry. Se argumenta, que este senador fue quien más ayudó a que no hubiera medidas que perjudicaran los negocios de este grupo.

Aun si esto no es cierto, si preocupa que este tipo de programas de denuncia sin pelos en la lengua como se han caracterizado los de Pirry, se veten de esta manera. Deja, entonces en el aire, que los programas de esta naturaleza, sí se emiten,son los que resultan peligrosos para los dueños de los medios donde se publican o se transmiten. Como se diría en costeño,¡tronco de libertad de prensa la que tenemos en Colombia!

Por esta y otras malas experiencias, es hora de que se defina la financiación estatal de las campañas. Para el Estado y para el país es mucho más barata esta alternativa que permitir esta intromisión de los intereses de los sectores empresariales en la política.

Leer más
Comentar

Responder

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Opinión

“El pelao que es llorón y la mamá que lo pellizca” adagio popular

Víctor Rodriguez Fajardo

Published

on

Víctor Rodríguez Fajardo

El actual sistema de transporte público urbano de Santa Marta está bajo observación, tiene amenaza por supervivencia al existir la necesidad de entregar este servicio a un operador con el suficiente músculo financiero y la experiencia necesaria, ellos lo saben pués el Distrito así lo ha manifestado.

En otras palabras, no han tomado conciencia de estar más afuera que adentro.

“Ademas de cotudos, con paperas”

Como si fuera poco, hoy se cumple el segundo dia de paro de conductores lo cual genera un importante trauma en la ciudad, lo peor y más grave, llena de argumentos a quiénes piensan entregar la operación a otros empresarios.

Algunos mal pensantes hasta se atreven asegurar que el nuevo operador ya tiene nombre.
Los motivos del paro son de tipo privado al interior de las empresas, propietarios y conductores quienes tienen un problema laboral el cual debe ser solucionado como empresa privada. Si hoy no hay solución y no se levanta el paro, la administración distrital deberá intervenir y lo más probable, retirar o cancelar las rutas adjudicadas a las actuales empresas.

“Soldado avisado no muere en guerra”

Pero acá puede ser que estando avisados, no sobrevivan.

Leer más

Opinión

El mundo del trabajo decente

Published

on

Ricardo Villa Sánchez 

En la actual carrera presidencial se retoma de manera tangencial la cuestión de las disparidades en el mundo del trabajo, pero no se asumen como el centro del debate para una vida digna del trabajador, sus organizaciones y para el crecimiento sostenible de las empresas, elementos esenciales para que una sociedad viva mejor.

Persisten deudas sociales con el mundo del trabajo que se han aplazado desde la expedición de la Constitución de 1991, como sería la reglamentación de un estatuto del trabajo que contenga los derechos, principios y valores mínimos en la materia. Es el momento de saldarlas en la generación de la Paz.

Es clave subrayar que nuestro longevo Código Sustantivo del Trabajo requiere de su actualización en algunos temas complejos que permitan su integración a la perspectiva del trabajo actual. Por ejemplo, así se satanicen algunas de las recomendaciones de la Ocde en materia laboral para el ingreso del país a esta organización o no se hayan reglamentado determinados pactos de la OIT, más allá de acertadas acciones, como la implementación de la oralidad en la técnica procedimental, es necesario avanzar, en desarrollos normativos que posibiliten más garantías como que la negociación colectiva sea sectorial y regional o por rama de actividad; se regulen los pactos con trabajadores no sindicalizados y se imponga que se conforme un solo equipo negociador, con unidad de pliegos, cuando haya varios sindicatos en una misma empresa; se permita el derecho de asociación y de negociación colectiva en la fuerza pública y se amplíen los derechos del trabajo en la ruralidad; se admita el derecho de huelga en las organizaciones de trabajadores de segundo y tercer grados; y se pueda, por ejemplo, concertar el salario mínimo sectorial o regional, entre otros asuntos que hacen parte de la agenda laboral para la Paz, en las políticas públicas del trabajo decente en Colombia.

Esta política pública, además de mejorar las relaciones laborales en el país, fortalecer el diálogo social, desarrollar los derechos fundamentales del trabajo, implementar los Acuerdos de Paz y de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros, como la abolición del trabajo infantil, de la discriminación laboral, o para el establecimiento de un piso de protección social en la ruralidad y de porcentajes de inclusión, con estabilidad reforzada, a población vulnerable y en debilidad manifiesta, entre otros a mujeres, personas con discapacidad, víctimas, desmovilizados, etnias, enfermos de actividades riesgosas; así como es importante que a través de la política de trabajo decente, se ponga freno a la progresiva informalidad laboral, subcontratación ilegal y a la intermediación laboral irregular, y coto a la implementación de dispositivos, tal vez como el contrato sindical, que hacen elástica la tercerización.

Otro asunto, fundamental para la sana armonía en el mundo del trabajo, tiene que ver con la lucha contra la discriminación, segregación y violencia contra líderes o trabajadores sindicalizados. Allí es clave avanzar en la reparación colectiva del movimiento sindical con más de 3.000 víctimas en las noches de niebla; para esto se requiere hacer sostenible la Mesa Permanente de Concertación con las Centrales Sindicales, que acuerde y desarrolle las medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, y en los componentes político, material y simbólico. Es allí cuando se demanda fortalecer la protección a organizaciones sindicales, sus líderes y afiliados y hacer eficaces las sanciones frente a conductas contra la libertad sindical. Si se elimina la violencia contra sindicalistas, aumentará la tasa de sindicación, de esta manera, en un círculo virtuoso, se garantizarán aún más los derechos fundamentales del trabajo en las organizaciones de trabajadores y se harán las empresas más sostenibles, más productivas y con menos conflictividad laboral.

Quizás el aspecto más crucial de la política de trabajo decente, es la interiorización y empoderamiento de una ciudadanía laboral. Para esto, es necesario, obligar a reformar pensum académicos, para que se implementen módulos sobre derechos fundamentales del trabajo y empleo digno, principalmente, en el Sena en los niveles de la formación para el trabajo, en la Esap en su programa de administración pública territorial y en las carreras profesionales de las universidades. Ampliar la democracia, requiere se realicen los derechos fundamentales del trabajo con políticas modernas, adecuadas, eficaces de trabajo decente que se dirijan a mejorar las relaciones laborales en el país, la productividad y la calidad de vida. La igualdad de oportunidades de acceso a un trabajo decente y a un empleo digno, es una de las rutas fundamentales para la construcción colectiva de un nuevo país, más equitativo y más humano, en Paz con justicia social.

Leer más

Opinión

Así vamos en la paz

Published

on

Juan Manuel Galán

Esta semana el Congreso de la República analizó el estado de implementación del Acuerdo de paz. Las cifras son poco alentadoras. Sin embargo, lo más importante en relación con este asunto es saber que quienes tienen ahora las responsabilidades más grandes del Proceso de paz, son los entes territoriales. Aunque no hubo alcaldes o gobernadores sentados en la mesa de La Habana, ni tampoco en el debate parlamentario de hace unos días, ellos son la clave para completar la tarea del posconflicto.

Lograr la participación activa y decisoria de los mandatarios locales en temas como la reforma agraria integral y el cumplimiento del acuerdo en materia de víctimas, será un requisito necesario para impulsar el anhelo de paz de muchos colombianos. Así, llaman la atención las cifras de cumplimiento o incumplimiento del acuerdo en temas puntuales como el de la reforma rural integral y específicamente en el del acceso y formalización de la tierra.

De acuerdo con estudios del Instituto Geográfico ‘Agustín Codazzi’, el 25 % de los propietarios de tierra en Colombia son dueños del 95 % del territorio nacional y según datos del Dane, el 64 % de los hogares campesinos no tienen acceso a la tierra. En este contexto, es urgente la creación de espacios de concertación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, en los que participen campesinos, pueblos étnicos y empresarios para definir una agenda sobre la legalización de la propiedad, el uso de la tierra, su sostenibilidad y su producción.

No da espera avanzar en la creación de un Sistema General de Información Catastral que permita actualizar el catastro y el impuesto predial y al mismo tiempo, que preste a los municipios el apoyo que necesitan para liquidar, cobrar y recaudar esos tributos.

Por otro lado, en relación con lo dispuesto en el Acuerdo Final sobre las víctimas, se reconocen avances pero aún quedan muchos asuntos administrativos por resolver. Específicamente, a los planes de reparación con enfoque territorial les falta más del 80 % del cumplimiento de sus metas; siguen ausentes espacios de diálogo y concertación de estos planes con las víctimas y sus organizaciones. Si nos concentramos en las cifras más relevantes, podemos decir que la implementación normativa e institucional del punto de víctimas ha avanzado en un 9.3 % y que en lo relacionado con la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas el avance ha sido alrededor del 12 %.

Leer más

Tendencias