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Opinión

Reforma pensional, ¿para la gente o para las instituciones financieras? Privatizar, privatizar

Sala de Redacción

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Por Óscar Rodríguez Salazar

La reforma pensional siempre ha estado en la agenda del gremio que aglutina a los fondos privados de pensiones (Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos) así como en la de la Asociación de Instituciones Financieras (Anif) y en la de la tecnocracia del Ministerio de Hacienda y de algunos centros de investigación que han convertido en credo la idea de que lo financiero debe funcionar de manera libre y globalizada.

Los congresos de los gremios vinculados al ‘negocio de las pensiones’ suelen concluir con un llamado a privatizar completamente el ahorro pensional y a liquidar el sistema público encomendado a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Las conclusiones de estos congresos son difundidas por los medios de comunicación que controlan los mismos grupos económicos que gestionan el Régimen de Ahorro Individual. Pero, en cambio las protestas sociales contra este tipo de ahorro no son registradas por esos medios.

Una de las muestras significativas de dicha ausencia es la de las protestas sociales ocurridas en Chile, con el título ‘Miles de chilenos protestan contra el sistema de pensiones impuesto por Pinochet’ en el periódico El País del 22 de agosto de 2016, en la que se afirma que un millón de personas, en 50 ciudades y 250 municipios, protestó contra el sistema privado de pensiones; o las movilizaciones lideradas por el movimiento ciudadano “No más AFP”, que revela que el 90% de los jubilados en Chile recibe pensiones inferiores a $233 dólares mensuales -lo que representa la mitad del sueldo mínimo establecido en ese país- y que las AFP aumentaron sus ganancias en 71.4 % en los diez primeros meses de 2015. Esta información no se divulga en los medios colombianos porque daría pie a cuestionar los intentos de monopolizar el ahorro pensional de los colombianos.

PENSIONES, POCAS Y MAL REPARTIDAS

El sistema de aseguramiento de Colombia no les garantiza a los trabajadores que dispondrán de ingresos para una vejez digna. Según las proyecciones disponibles, más del 70 por ciento de los ocupados tendrán que enfrentar la vejez en condiciones de pobreza y con la sola protección derivada de la solidaridad de sus hijos.

Uno de los mayores desafíos del actual sistema de protección social es el crecimiento acelerado del grupo de los adultos mayores dentro del total de población. En el proyecto Sabe (Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento) que adelantaron el Ministerio de Salud y Colciencias en 2015 se calculó que los adultos mayores representan el 11 por ciento de los colombianos y se espera que para el año 2020 haya 50 mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años.

En ese estudio también se encontró que los adultos mayores trabajaron durante 36.6 años en promedio, y que el 60 por ciento de los que siguen trabajando lo hace por la necesidad del dinero. El 29.1 por ciento manifestó, que sus ingresos provienen de mesadas pensionales, el 29.2 por ciento de aportes de familiares que viven en Colombia y el 30.9 por ciento del ejercicio de una actividad laboral.

La baja cobertura pensional está asociada con el comportamiento del mercado laboral colombiano, donde predominan la informalidad, la precariedad y la elevada rotación en los puestos de trabajo.

Según el Dane, la informalidad en las 13 ciudades mayores durante el trimestre octubre-diciembre de 2016 fue del 47.5 por ciento. En otras 23 ciudades y sus áreas metropolitanas fue del 48.7 por ciento.

Al examinar la información de la Superintendencia Financiera sobre los cotizantes al sistema de ahorro individual, se encuentra, que, de un total de 13.220.580 afiliados en diciembre de 2016, solo el 12 por ciento correspondía a trabajadores independientes. En otras palabras, la seguridad social se concentra en el llamado ‘sector formal’ de la economía.

Por otra parte, de las 13.347.910 personas afiliadas al llamado ‘fondo moderado’ de las aseguradoras privadas durante el trimestre octubre-diciembre de 2016, el 53 por ciento eran miembros activos o que habían cotizado alguna vez durante los último seis meses, pero el 47 por ciento restante eran inactivos, es decir, que llevaban más de medio año sin cotizar.

Y también en Colpensiones, de los 6.423.996 afiliados durante el mismo trimestre, el 47 por ciento eran inactivos. Este es otro indicador de la inestabilidad de los ingresos de los trabajadores colombianos y de la alta rotación que se presenta en los puestos formales existentes.

Los afiliados también pueden ser clasificados como cotizantes o como no cotizantes (personas que no depositaron la cotización obligatoria en el mes para el cual se reporta). Pues bien, en los fondos privados, solo el 33 por ciento de los afiliados eran cotizantes, y en Colpensiones solo lo era el 35 por ciento.

Peor todavía, entre las mujeres afiliadas a los fondos privados el 59 por ciento eran inactivas y el 57 por ciento eran no cotizantes; y las no cotizantes entre las afiliadas a Colpensiones ascendían al 65 por ciento. La inestabilidad en el empleo y en el ingreso también es una cuestión de género.

PROPUESTAS INTERESADAS

Los voceros del sector financiero privado insisten en suprimir o extinguir el sistema de prima media que administra Colpensiones y en llevar a cabo una nueva reforma laboral como maneras de ampliar la cobertura del sistema de pensiones en Colombia.

El presidente de la Anif, Sergio Clavijo, habla a menudo sobre la necesidad de privatizar el sistema pensional. Asofondos y el Ministerio de Hacienda coinciden en defender la reducción del salario mínimo y la flexibilización del mercado laboral como estrategias para crear empleo y prevenir la llamada ‘bomba pensional’.

Por una parte, el aumento del empleo en el sector formal disminuiría la informalidad (y aumentaría el número de cotizantes a fondos pensionales); por la otra, un salario mínimo reduciría el costo de las pensiones que por ley se reajustan con los anuales en aquel salario básico.

Los dos últimos congresos de Asofondos han coincidido en recomendar que primero se lleve a cabo una reforma laboral y después se ajuste el sistema pensional. En la clausura del congreso realizado en febrero de 2014, dijo Mauricio Cárdenas que, “como Ministro de Hacienda y Crédito Público, celebro que la industria de las AFP haya asegurado que la mejor reforma pensional es una reforma laboral”.

La Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico (Ocde) comparte esta apreciación. En un informe de 2015 esta entidad propuso ‘reformar a fondo el sistema de pensiones para reducir la desigualdad y la pobreza en la tercera edad’.

Una de las medidas sugeridas fue suprimir la competencia entre los llamados ‘régimen de prestaciones definidas’ y ‘régimen de cotizaciones definidas’ (en el primero se fija de antemano el valor de la pensión mensual y las cotizaciones del trabajador respectivo van cambiando de manera que cubra aquel valor; bajo el sistema de cotizaciones definidas ocurre lo contrario). Esta propuesta de la Ocde en la práctica implica eliminar el subsistema público de pensiones.

Otra propuesta de la Organización fue suprimir el umbral o el valor mínimo mensual de las pensiones en Colombia porque, en su opinión, había un ‘elevado salario mínimo, lo cual resulta costoso’.

DOS BASES DEL SISTEMA

Las propuestas de privatización completa de las pensiones hacen eco y hacen juego con dos rasgos del modelo que hoy existe en Colombia: la monopolización del sistema pensional, y la baja tasa de reemplazo entre salario y valor de la pensión.

1. La cobertura del sector privado está altamente concentrada en los fondos Protección y Porvenir, que acumulan el 87.3 por ciento de los afiliados.

El grupo de Luís Carlos Sarmiento (Porvenir) controla el 45.6 por ciento de los recursos por concepto de pensiones, y el sindicato antioqueño (Protección) controla otro 35.4 por ciento, es decir, que entre los dos manejan el 81 por ciento de los ahorros de estos millones de trabajadores colombianos.

Esta cifra es importante porque según el Plan de Desarrollo (2014-2018) Todos por un nuevo país, “el ahorro en los fondos de pensiones en 1996 era del orden del 4.4 por ciento del PIB, mientras que en el 2010 alcanzó el 19.5 por ciento y en el 2014 el 19.6 por ciento”.

2. La ‘baja tasa de reemplazo’ sencillamente significa que la pensión es bastante menor que el salario que recibía el jubilado. Y esta diferencia es mayor para los afiliados a los fondos privados.

En efecto, la Contraloría General de la República (Documento CGR—CDCSS. Número 78 mayo 2014) estableció la diferencia entre el valor promedio de la pensión recibida de Colpensiones y la que paga un fondo privado. Las cifras muestran la inequidad entre los dos regímenes.

Los hombres con un ingreso base de liquidación (IBL) entre 5 y 6 salarios mínimos recibirían en el régimen privado el 67 por ciento de lo que habrían percibido en Colpensiones; y entre quienes tienen un IBL de 6 o 7 salarios mínimos este porcentaje sería del 61 por ciento.

La discriminación contra las mujeres vuelve a ser evidente porque -salvo en el primer rango del IBL- reciben una suma inferior a la de Colpensiones.

Esto explica por qué los afiliados a los fondos privados están regresando a Colpensiones. Según el informe de gestión de esta entidad, en 2016 se efectuaron 149.986 traslados al fondo estatal, mientras que a los fondos privados se pasaron apenas 24.064 personas. Tal vez para evitar que siga este desangre se multiplican hoy las voces que piden marchitar el subsistema público de pensiones.

Los cálculos de la Contraloría en 2013 mostraban que, para tener derecho en el sistema privado a una pensión igual a un salario mínimo, un hombre de 62 años debía tener en su cuenta de ahorro individual 153.565.721 pesos, y una mujer de 57 años, 124.493.490 pesos. Estas sumas solo son alcanzadas por el 2 por ciento de los afiliados en edad de pensión, de suerte que al 98 por ciento le deberán devolver los saldos y apenas el 1.5 por ciento tendrá derecho a la garantía de pensión mínima (GPM).

Entre 1996 y 2013 bajo el sistema privado se pensionaron 45.941 personas y se les devolvieron los saldos a 46.251. En 2012 se pensionaron 5.707 afiliados y les devolvieron saldos a 9.319 esto es, al 62 por ciento de los afiliados. En Colpensiones, por ser un régimen de prestaciones definidas, se puede garantizar que la pensión no sea muy distinta del salario, mientras que en el sector privado el valor y duración de la cobertura pensional están sujetos al valor que se alcanzó a ahorrar en la edad productiva.

Este panorama crea muchas inquietudes sobre la privatización total del sistema pensional, dado el gran interés del capital financiero en aumentar su participación en el PIB.

La importancia realmente enorme de este tema hace necesario asegurar la transparencia en los órganos de control. Por eso es importante que la Superintendencia Financiera brinde información suficiente y oportuna en temas como el índice base de cotización y el nivel pensional de los 108.444 afiliados de los fondos privados que han tenido derecho a una pensión.

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Opinión

“El pelao que es llorón y la mamá que lo pellizca” adagio popular

Víctor Rodriguez Fajardo

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Víctor Rodríguez Fajardo

El actual sistema de transporte público urbano de Santa Marta está bajo observación, tiene amenaza por supervivencia al existir la necesidad de entregar este servicio a un operador con el suficiente músculo financiero y la experiencia necesaria, ellos lo saben pués el Distrito así lo ha manifestado.

En otras palabras, no han tomado conciencia de estar más afuera que adentro.

“Ademas de cotudos, con paperas”

Como si fuera poco, hoy se cumple el segundo dia de paro de conductores lo cual genera un importante trauma en la ciudad, lo peor y más grave, llena de argumentos a quiénes piensan entregar la operación a otros empresarios.

Algunos mal pensantes hasta se atreven asegurar que el nuevo operador ya tiene nombre.
Los motivos del paro son de tipo privado al interior de las empresas, propietarios y conductores quienes tienen un problema laboral el cual debe ser solucionado como empresa privada. Si hoy no hay solución y no se levanta el paro, la administración distrital deberá intervenir y lo más probable, retirar o cancelar las rutas adjudicadas a las actuales empresas.

“Soldado avisado no muere en guerra”

Pero acá puede ser que estando avisados, no sobrevivan.

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El mundo del trabajo decente

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Ricardo Villa Sánchez 

En la actual carrera presidencial se retoma de manera tangencial la cuestión de las disparidades en el mundo del trabajo, pero no se asumen como el centro del debate para una vida digna del trabajador, sus organizaciones y para el crecimiento sostenible de las empresas, elementos esenciales para que una sociedad viva mejor.

Persisten deudas sociales con el mundo del trabajo que se han aplazado desde la expedición de la Constitución de 1991, como sería la reglamentación de un estatuto del trabajo que contenga los derechos, principios y valores mínimos en la materia. Es el momento de saldarlas en la generación de la Paz.

Es clave subrayar que nuestro longevo Código Sustantivo del Trabajo requiere de su actualización en algunos temas complejos que permitan su integración a la perspectiva del trabajo actual. Por ejemplo, así se satanicen algunas de las recomendaciones de la Ocde en materia laboral para el ingreso del país a esta organización o no se hayan reglamentado determinados pactos de la OIT, más allá de acertadas acciones, como la implementación de la oralidad en la técnica procedimental, es necesario avanzar, en desarrollos normativos que posibiliten más garantías como que la negociación colectiva sea sectorial y regional o por rama de actividad; se regulen los pactos con trabajadores no sindicalizados y se imponga que se conforme un solo equipo negociador, con unidad de pliegos, cuando haya varios sindicatos en una misma empresa; se permita el derecho de asociación y de negociación colectiva en la fuerza pública y se amplíen los derechos del trabajo en la ruralidad; se admita el derecho de huelga en las organizaciones de trabajadores de segundo y tercer grados; y se pueda, por ejemplo, concertar el salario mínimo sectorial o regional, entre otros asuntos que hacen parte de la agenda laboral para la Paz, en las políticas públicas del trabajo decente en Colombia.

Esta política pública, además de mejorar las relaciones laborales en el país, fortalecer el diálogo social, desarrollar los derechos fundamentales del trabajo, implementar los Acuerdos de Paz y de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros, como la abolición del trabajo infantil, de la discriminación laboral, o para el establecimiento de un piso de protección social en la ruralidad y de porcentajes de inclusión, con estabilidad reforzada, a población vulnerable y en debilidad manifiesta, entre otros a mujeres, personas con discapacidad, víctimas, desmovilizados, etnias, enfermos de actividades riesgosas; así como es importante que a través de la política de trabajo decente, se ponga freno a la progresiva informalidad laboral, subcontratación ilegal y a la intermediación laboral irregular, y coto a la implementación de dispositivos, tal vez como el contrato sindical, que hacen elástica la tercerización.

Otro asunto, fundamental para la sana armonía en el mundo del trabajo, tiene que ver con la lucha contra la discriminación, segregación y violencia contra líderes o trabajadores sindicalizados. Allí es clave avanzar en la reparación colectiva del movimiento sindical con más de 3.000 víctimas en las noches de niebla; para esto se requiere hacer sostenible la Mesa Permanente de Concertación con las Centrales Sindicales, que acuerde y desarrolle las medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, y en los componentes político, material y simbólico. Es allí cuando se demanda fortalecer la protección a organizaciones sindicales, sus líderes y afiliados y hacer eficaces las sanciones frente a conductas contra la libertad sindical. Si se elimina la violencia contra sindicalistas, aumentará la tasa de sindicación, de esta manera, en un círculo virtuoso, se garantizarán aún más los derechos fundamentales del trabajo en las organizaciones de trabajadores y se harán las empresas más sostenibles, más productivas y con menos conflictividad laboral.

Quizás el aspecto más crucial de la política de trabajo decente, es la interiorización y empoderamiento de una ciudadanía laboral. Para esto, es necesario, obligar a reformar pensum académicos, para que se implementen módulos sobre derechos fundamentales del trabajo y empleo digno, principalmente, en el Sena en los niveles de la formación para el trabajo, en la Esap en su programa de administración pública territorial y en las carreras profesionales de las universidades. Ampliar la democracia, requiere se realicen los derechos fundamentales del trabajo con políticas modernas, adecuadas, eficaces de trabajo decente que se dirijan a mejorar las relaciones laborales en el país, la productividad y la calidad de vida. La igualdad de oportunidades de acceso a un trabajo decente y a un empleo digno, es una de las rutas fundamentales para la construcción colectiva de un nuevo país, más equitativo y más humano, en Paz con justicia social.

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Así vamos en la paz

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Juan Manuel Galán

Esta semana el Congreso de la República analizó el estado de implementación del Acuerdo de paz. Las cifras son poco alentadoras. Sin embargo, lo más importante en relación con este asunto es saber que quienes tienen ahora las responsabilidades más grandes del Proceso de paz, son los entes territoriales. Aunque no hubo alcaldes o gobernadores sentados en la mesa de La Habana, ni tampoco en el debate parlamentario de hace unos días, ellos son la clave para completar la tarea del posconflicto.

Lograr la participación activa y decisoria de los mandatarios locales en temas como la reforma agraria integral y el cumplimiento del acuerdo en materia de víctimas, será un requisito necesario para impulsar el anhelo de paz de muchos colombianos. Así, llaman la atención las cifras de cumplimiento o incumplimiento del acuerdo en temas puntuales como el de la reforma rural integral y específicamente en el del acceso y formalización de la tierra.

De acuerdo con estudios del Instituto Geográfico ‘Agustín Codazzi’, el 25 % de los propietarios de tierra en Colombia son dueños del 95 % del territorio nacional y según datos del Dane, el 64 % de los hogares campesinos no tienen acceso a la tierra. En este contexto, es urgente la creación de espacios de concertación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, en los que participen campesinos, pueblos étnicos y empresarios para definir una agenda sobre la legalización de la propiedad, el uso de la tierra, su sostenibilidad y su producción.

No da espera avanzar en la creación de un Sistema General de Información Catastral que permita actualizar el catastro y el impuesto predial y al mismo tiempo, que preste a los municipios el apoyo que necesitan para liquidar, cobrar y recaudar esos tributos.

Por otro lado, en relación con lo dispuesto en el Acuerdo Final sobre las víctimas, se reconocen avances pero aún quedan muchos asuntos administrativos por resolver. Específicamente, a los planes de reparación con enfoque territorial les falta más del 80 % del cumplimiento de sus metas; siguen ausentes espacios de diálogo y concertación de estos planes con las víctimas y sus organizaciones. Si nos concentramos en las cifras más relevantes, podemos decir que la implementación normativa e institucional del punto de víctimas ha avanzado en un 9.3 % y que en lo relacionado con la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas el avance ha sido alrededor del 12 %.

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