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Defensoría pide garantías laborales para trabajadores de Electricaribe 

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El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, pidió garantizar los derechos de los trabajadores de Electricaribe al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza Daza.

Durante una reunión sostenida entre los dos funcionarios, se reiteraron manifestaciones realizadas en tres resoluciones defensoriales (2004, 2005 y 2010), en las cuales la Entidad planteó recomendaciones dirigidas a la defensa de los derechos de los habitantes de los siete departamentos de la Región Caribe, que se han visto vulnerados por la mala prestación de este servicio por la empresa Electricaribe.

Las causales de la intervención a la empresa coinciden con las advertencias hechas por la Defensoría desde 2004 y ponen en evidencia que, pese a estar diagnosticadas, Electricaribe no adoptó los correctivos requeridos. Entre los factores más importantes se encuentran la incapacidad e inviabilidad financiera de la empresa resultado de los altos niveles de pérdidas, bajo recaudo y altos costos de funcionamiento; la imposibilidad de ofrecer garantías financieras para la compra de energía; problemas de liquidez originados por las diferencias entre el recaudo y las deudas por pagar, las pérdidas tanto técnicas como las asociadas a conexiones fraudulentas, entre otras.

Negret Mosquera insistió en que como consecuencia de la liquidación no se pueden afectar los derechos pensionales de los trabajadores de la empresa, ni los de los ciudadanos a acceder a servicios públicos de calidad. Ya que la falta de energía eléctrica vulnera otros derechos de los pobladores de la zona como: a la salud (pone en riesgo la conservación y preservación de vacunas, no se pueden realizar procedimientos quirúrgicos y no se presta el servicio a la salud de manera eficiente), a la educación (falta de acceso a equipos e internet), al agua potable, a la seguridad y a la tranquilidad por la falta de alumbrado público, y a la seguridad alimentaria porque no se pueden conservar los comestibles que requieren refrigeración. De la misma manera, se atenta contra el patrimonio de los usuarios ya que se producen daños frecuentes en los electrodomésticos, así como pérdidas en las actividades comerciales, turísticas y productivas, entre otras, lo que incide en la economía regional.

La Defensoría desde el momento de la intervención realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos (noviembre de 2016) ha hecho seguimiento y acompañamiento al proceso instando a que se redoblen los esfuerzos encaminados a mejorar el servicio en la Costa Caribe, buscando la prevalencia del derecho a una eficiente y oportuna prestación del servicio público de energía eléctrica en sí mismo y por su relación directa con otros derechos, para aportar a la vida digna de la población y al orden público y económico de la región.

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Nación

Cuerpos encontrados podrían ser de periodistas ecuatorianos

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Dos meses y medio después de que se conociera la noticia que enlutó a Ecuador y a Colombia, el asesinato de los tres periodistas del diario El Comercio, el presidente Juan Manuel Santos informó que hay cuerpos en proceso de identificación, y podrían ser los de los tres hombres asesinados por la disidencia de las Farc comandada por alias Guacho.

El presidente Santos reiteró su mensaje de condolencias a las familias del periodista Javier Ortega, de 32 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45 años, y el conductor Efraín Segarra, de 60 años de edad.

Las primeras noticias alrededor del asesinato se originaron por cuenta de fotos en las que se podían ver los cuerpos de las víctimas. En paralelo, circuló un supuesto comunicado del grupo criminal comandado por alias Guacho, que pedía condiciones para entregar los cuerpos y las pertenencias de los periodistas. Desde entonces, las autoridades de los dos países intensificaron la búsqueda de los cuerpos y del jefe criminal, quien se convirtió en uno de los hombres más buscados en Colombia.

Según las cuentas de 2017, Guacho contaba con alrededor de 250 hombres armados, más las milicias esparcidas por las zonas donde tiene influencia. Desde que se supo del asesinato de los ecuatorianos, las autoridades de los dos países intensificaron su persecución, en medio de la cual capturaron a un hermano de Guacho, dedicado a controlar milicias del Frente Oliver Sinisterra.

Los familiares de los periodistas tampoco han cesado en sus labores para encontrar los cuerpos y darles una despedida digna. Incluso estuvieron en Colombia hace un mes, en busca de un encuentro con el presidente Santos, para pedirle información sobre el caso.

Fuente: Semana

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Metrópolis

El viernes se definirá situación legal de investigados en caso Taykú

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La audiencia que se lleva a cabo en contra de los exfuncionarios de la Gobernación del Magdalena, implicados por parte de la Fiscalía en el caso del parque Taykú continuará mañana a las nueve de la mañana.

El fiscal del caso manifestó que hasta el momento se están leyendo los alegatos en cumplimiento del derecho, para darle desarrollo normal a la audiencia que se lleva por este caso. La Fiscalía sostuvo su argumento de que los acusados son culpables de la comisión del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, en el caso de la construcción del proyecto parque Taykú, que debía llevarse a cabo en un lote de la Gobernación ubicado en la calle 22 entre las avenidas Santa Rita y la del Ferrocarril.

De igual manera, dentro de los alegatos presentados por la Fiscalía, está el hecho de que, el costo real de la obra fue 9.000 millones de pesos y la contratación solo llega a los $3.200 millones. Según el representante de la Fiscalía con la realización de contratos, fueron violados los principios de economía, transparencia, planeación y organización y responsabilidad, cobijados por las leyes que regulan la contratación administrativa. Entre los hechos investigados por la Fiscalía están la ausencia de disponibilidad presupuestal y la no realización de estudios previos.

Por parte de los investigados se escucha optimismo en sus declaraciones, toda vez que consideran que los argumentos de la Fiscalía no tienen el suficiente sustento, además afirman que no encuentran ninguna acusación diferente a las ya hechas y que están prestos a demostrar su inocencia. “Si la Fiscalía hubiera hecho una debida instrucción y nos hubiese escuchado en indagatoria, no se hubiese presentado tanta confusión, porque eso es lo que se nota en las apreciaciones hechas por parte de la Fiscalía… de todas formas le estamos dando la cara a la justicia”. Aseguró Pedro Bonilla Barreto, uno de los investigados.

Mañana se reanudará la audiencia con la presentación de los descargos por parte de los indagados, a la espera de que el juez penal del Circuito Primero, decida su situación legal.

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Gobernación

“Mi gobierno trabaja por la reivindicación integral de las víctimas”: Rosa Cotes

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La primera sesión ampliada del año, del Comité Departamental de Justicia Transicional, se realizó en el salón Ayacucho del Batallón Córdova de la capital del Magdalena. *26 de los 30 alcaldes del Departamento asistieron a la reunión donde se revisaron diferentes aspectos relacionados con el bienestar de las víctimas de la violencia en esta parte del país. *Mandatarios locales firmaron solicitud al presidente Juan Manuel Santos para que designe un delegado presidencial con el fin de atender con mayor celeridad la situación de las víctimas en el Magdalena.

La Administración Departamental, a través de la Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto, realizó la primera sesión ampliada del año del Comité de Justicia Transicional, la cual contó con la asistencia de entidades del orden nacional con operatividad en la región, así como delegados del Ministerio Público, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad para las Víctimas, los comandantes de Policía Departamental, Metropolitana y de los batallones Córdova y de Alta Montaña, 26 alcaldes, representantes de las comunidades afro, étnicas y de la Mesa Departamental de Víctimas.

En esta sesión, los alcaldes municipales y las entidades intervinientes revisaron los avances y el cumplimiento de los compromisos en las diferentes acciones desarrolladas a favor de la población víctima de la violencia radicada en el departamento del Magdalena.

La gobernadora Rosa Cotes destacó la importancia de este comité puesto que permite hacer seguimiento y definir compromisos para garantizar la acción del Estado en beneficio de las víctimas de la violencia. La mandataria ratificó el compromiso del gobierno social que lidera con el comprometimiento de recursos y su ejecución responsable para cumplir a cabalidad con lo que dicta la ley en materia de víctimas para su reivindicación, reparación, prevención y garantías de no repetición.

Las autoridades militares y de policía con jurisdicción en el Magdalena entregaron un completo informe de la situación de seguridad en el territorio, señalando que en el Departamento no existe presencia de grupos armados ilegales de grado 1 y, ratificando además, las bajas cifras de homicidios que ubican al Magdalena por debajo de la media nacional.

Por su parte, Jaime Duque Peña, jefe de la Oficina de Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto, resaltó la presencia de los alcaldes municipales, destacando su compromiso en la ejecución de planes y programas en beneficio de la población víctima. Así mismo detalló las acciones que desde el gobierno de Rosa Cotes, a través de la oficina que preside se vienen desarrollando en articulación con las autoridades locales y las entidades del Gobierno Nacional que tienen incidencia en el territorio.

Los alcaldes reunidos a instancias del Comité Departamental de Justicia Transicional, firmaron un oficio dirigido al presidente de la República Juan Manuel Santos, con copia al mandatario electo Iván Duque Márquez, en el que piden mayor atención por parte del Gobierno Nacional a las víctimas en el Magdalena y solicitan que sea nombrado un delegado presidencial que permita hacer seguimiento a la asignación de recursos y al avance de los proyectos presentados.

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