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Opinión

Un Liceo Celedón renovado

Opinión Caribe

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Por José Manuel Rodríguez

Como privilegiado de haber pertenecido a la familia liceísta en la segunda mitad del siglo pasado, siento la satisfacción profunda de observar la reconstrucción hecha al centenario edificio que a lo largo de su existencia ha sido el remanso educativo de una juventud estudiosa que se nutrió de la savia intelectual de ilustres pedagogos que dejaron su impronta de grandeza en los anales de su historia.

Años después de haber cumplido un siglo, desde cuando fue fundado ese gran templo del saber del Magdalena Grande en 1905, el vetusto edificio fue sometido a un intenso proceso de reforzamiento y embellecimiento habilitado para continuar esa reconocida labor académica que tantas glorias le entregó al departamento y también testimoniada con honores por las entidades nacionales.

De acuerdo con los conceptos del veedor Salomón Calvano, de la Junta Directiva de la Asociación de Egresados y los informes de quienes están al frente de la obra, está por terminar la segunda etapa de este ambicioso proyecto financiado, en su mayoría, con recursos donados por la empresa Ecopetrol y la Sociedad Portuaria. Con menos porcentaje el distrito de Santa Marta y la Universidad del Magdalena.

Falta por iniciar la tercera y última etapa de este plan reformador que toca esencialmente la parte de dotación y el embellecimiento exterior de un monumento de estilo colonial convertido en Patrimonio Histórico. Según testimonios, esta etapa será financiada con recursos del Distrito.

Entonces, es satisfactorio registrar este importante suceso que llega con plenitud al sentimiento de los pueblos de la Costa, porque el acontecer pasado no se puede desligar del Liceo Celedón por haber sido una institución que marcó con fortaleza el desenvolvimiento social de las comunidades de La Guajira, Cesar, Magdalena y otras comarcas del norte de Colombia. Por tanto, sigue siendo para estas regiones un compromiso irrenunciable de defender de las garras del oportunismo el futuro del Celedón, convertido hoy en un hermoso edificio que estimula a los sagaces a ponerlo al servicio de sus impredecibles pretensiones.

Si algún fenómeno tuvo incidencia para que el colegio Liceo Celedón viera disminuido el número de estudiantes en su Claustro, fue precisamente el peligro que representaban sus estructuras deterioradas para la seguridad de todos sus estamentos. Su acelerado deterioro y la ceguera de los mandatarios de turno frente al fenómeno, pusieron a los padres de familia y acudientes a prescindir de los servicios de un plantel con personal docente calificado.

El miedo de quedar lesionado por los constantes desprendimientos de material vencido de sus estructuras, hizo que descendiera significativamente la aceptación social para el ingreso al Celedón. De esta manera pasó el colegio de tener más de 3.000 estudiantes en tres jornadas a recibir en sus aulas alrededor de quinientos mal contados.

Ahora, cuando lentamente se condicionan sus salones con un ambiente optimizado para estimular la academia, salen de los conciliábulos propuestas distintas a las de devolverle al siempre glorioso claustro su renombrado sello que lo identifica y su empuje institucional escrito con pensamientos célebres en las crónicas pasadas. A esa edificación no puede dársele destinación distinta a la de albergar a esa masa estudiantil que espera el momento de disfrutar de un renovado espacio cargado de recuerdos, ilusiones, expresiones democráticas, sentimientos y valores éticos.

De dotar el centro educativo con los instrumentos tecnológicos necesarios que conviertan al colegio en un lugar preferente donde fluya, con la ayuda de buenos docentes, el humanismo y la ciencia. Y esto puede lograrse con el concurso de los gobiernos si anteponen con seriedad la tarea de recuperar el prestigio del Celedón por encima de los propósitos particulares.

Por eso, tenemos que estar atentos al desenlace de este episodio en el que es figura preponder ante el Celedón, para salir a la defensa de un patrimonio que le pertenece al Magdalena Grande y no a los arribistas que les interesa poco el destino promisorio del plantel, sino, la satisfacción de sus desafueros.

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Opinión

“El pelao que es llorón y la mamá que lo pellizca” adagio popular

Víctor Rodriguez Fajardo

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Víctor Rodríguez Fajardo

El actual sistema de transporte público urbano de Santa Marta está bajo observación, tiene amenaza por supervivencia al existir la necesidad de entregar este servicio a un operador con el suficiente músculo financiero y la experiencia necesaria, ellos lo saben pués el Distrito así lo ha manifestado.

En otras palabras, no han tomado conciencia de estar más afuera que adentro.

“Ademas de cotudos, con paperas”

Como si fuera poco, hoy se cumple el segundo dia de paro de conductores lo cual genera un importante trauma en la ciudad, lo peor y más grave, llena de argumentos a quiénes piensan entregar la operación a otros empresarios.

Algunos mal pensantes hasta se atreven asegurar que el nuevo operador ya tiene nombre.
Los motivos del paro son de tipo privado al interior de las empresas, propietarios y conductores quienes tienen un problema laboral el cual debe ser solucionado como empresa privada. Si hoy no hay solución y no se levanta el paro, la administración distrital deberá intervenir y lo más probable, retirar o cancelar las rutas adjudicadas a las actuales empresas.

“Soldado avisado no muere en guerra”

Pero acá puede ser que estando avisados, no sobrevivan.

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El mundo del trabajo decente

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Ricardo Villa Sánchez 

En la actual carrera presidencial se retoma de manera tangencial la cuestión de las disparidades en el mundo del trabajo, pero no se asumen como el centro del debate para una vida digna del trabajador, sus organizaciones y para el crecimiento sostenible de las empresas, elementos esenciales para que una sociedad viva mejor.

Persisten deudas sociales con el mundo del trabajo que se han aplazado desde la expedición de la Constitución de 1991, como sería la reglamentación de un estatuto del trabajo que contenga los derechos, principios y valores mínimos en la materia. Es el momento de saldarlas en la generación de la Paz.

Es clave subrayar que nuestro longevo Código Sustantivo del Trabajo requiere de su actualización en algunos temas complejos que permitan su integración a la perspectiva del trabajo actual. Por ejemplo, así se satanicen algunas de las recomendaciones de la Ocde en materia laboral para el ingreso del país a esta organización o no se hayan reglamentado determinados pactos de la OIT, más allá de acertadas acciones, como la implementación de la oralidad en la técnica procedimental, es necesario avanzar, en desarrollos normativos que posibiliten más garantías como que la negociación colectiva sea sectorial y regional o por rama de actividad; se regulen los pactos con trabajadores no sindicalizados y se imponga que se conforme un solo equipo negociador, con unidad de pliegos, cuando haya varios sindicatos en una misma empresa; se permita el derecho de asociación y de negociación colectiva en la fuerza pública y se amplíen los derechos del trabajo en la ruralidad; se admita el derecho de huelga en las organizaciones de trabajadores de segundo y tercer grados; y se pueda, por ejemplo, concertar el salario mínimo sectorial o regional, entre otros asuntos que hacen parte de la agenda laboral para la Paz, en las políticas públicas del trabajo decente en Colombia.

Esta política pública, además de mejorar las relaciones laborales en el país, fortalecer el diálogo social, desarrollar los derechos fundamentales del trabajo, implementar los Acuerdos de Paz y de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros, como la abolición del trabajo infantil, de la discriminación laboral, o para el establecimiento de un piso de protección social en la ruralidad y de porcentajes de inclusión, con estabilidad reforzada, a población vulnerable y en debilidad manifiesta, entre otros a mujeres, personas con discapacidad, víctimas, desmovilizados, etnias, enfermos de actividades riesgosas; así como es importante que a través de la política de trabajo decente, se ponga freno a la progresiva informalidad laboral, subcontratación ilegal y a la intermediación laboral irregular, y coto a la implementación de dispositivos, tal vez como el contrato sindical, que hacen elástica la tercerización.

Otro asunto, fundamental para la sana armonía en el mundo del trabajo, tiene que ver con la lucha contra la discriminación, segregación y violencia contra líderes o trabajadores sindicalizados. Allí es clave avanzar en la reparación colectiva del movimiento sindical con más de 3.000 víctimas en las noches de niebla; para esto se requiere hacer sostenible la Mesa Permanente de Concertación con las Centrales Sindicales, que acuerde y desarrolle las medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, y en los componentes político, material y simbólico. Es allí cuando se demanda fortalecer la protección a organizaciones sindicales, sus líderes y afiliados y hacer eficaces las sanciones frente a conductas contra la libertad sindical. Si se elimina la violencia contra sindicalistas, aumentará la tasa de sindicación, de esta manera, en un círculo virtuoso, se garantizarán aún más los derechos fundamentales del trabajo en las organizaciones de trabajadores y se harán las empresas más sostenibles, más productivas y con menos conflictividad laboral.

Quizás el aspecto más crucial de la política de trabajo decente, es la interiorización y empoderamiento de una ciudadanía laboral. Para esto, es necesario, obligar a reformar pensum académicos, para que se implementen módulos sobre derechos fundamentales del trabajo y empleo digno, principalmente, en el Sena en los niveles de la formación para el trabajo, en la Esap en su programa de administración pública territorial y en las carreras profesionales de las universidades. Ampliar la democracia, requiere se realicen los derechos fundamentales del trabajo con políticas modernas, adecuadas, eficaces de trabajo decente que se dirijan a mejorar las relaciones laborales en el país, la productividad y la calidad de vida. La igualdad de oportunidades de acceso a un trabajo decente y a un empleo digno, es una de las rutas fundamentales para la construcción colectiva de un nuevo país, más equitativo y más humano, en Paz con justicia social.

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Así vamos en la paz

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Juan Manuel Galán

Esta semana el Congreso de la República analizó el estado de implementación del Acuerdo de paz. Las cifras son poco alentadoras. Sin embargo, lo más importante en relación con este asunto es saber que quienes tienen ahora las responsabilidades más grandes del Proceso de paz, son los entes territoriales. Aunque no hubo alcaldes o gobernadores sentados en la mesa de La Habana, ni tampoco en el debate parlamentario de hace unos días, ellos son la clave para completar la tarea del posconflicto.

Lograr la participación activa y decisoria de los mandatarios locales en temas como la reforma agraria integral y el cumplimiento del acuerdo en materia de víctimas, será un requisito necesario para impulsar el anhelo de paz de muchos colombianos. Así, llaman la atención las cifras de cumplimiento o incumplimiento del acuerdo en temas puntuales como el de la reforma rural integral y específicamente en el del acceso y formalización de la tierra.

De acuerdo con estudios del Instituto Geográfico ‘Agustín Codazzi’, el 25 % de los propietarios de tierra en Colombia son dueños del 95 % del territorio nacional y según datos del Dane, el 64 % de los hogares campesinos no tienen acceso a la tierra. En este contexto, es urgente la creación de espacios de concertación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, en los que participen campesinos, pueblos étnicos y empresarios para definir una agenda sobre la legalización de la propiedad, el uso de la tierra, su sostenibilidad y su producción.

No da espera avanzar en la creación de un Sistema General de Información Catastral que permita actualizar el catastro y el impuesto predial y al mismo tiempo, que preste a los municipios el apoyo que necesitan para liquidar, cobrar y recaudar esos tributos.

Por otro lado, en relación con lo dispuesto en el Acuerdo Final sobre las víctimas, se reconocen avances pero aún quedan muchos asuntos administrativos por resolver. Específicamente, a los planes de reparación con enfoque territorial les falta más del 80 % del cumplimiento de sus metas; siguen ausentes espacios de diálogo y concertación de estos planes con las víctimas y sus organizaciones. Si nos concentramos en las cifras más relevantes, podemos decir que la implementación normativa e institucional del punto de víctimas ha avanzado en un 9.3 % y que en lo relacionado con la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas el avance ha sido alrededor del 12 %.

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