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Opinión

Uribe tiene razón

Opinión Caribe

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Por Carlos Holmes Trujillo

En estos días se armó un gran alboroto.

Y todo porque el expresidente Uribe dijo la verdad sobre la situación actual de Colombia, durante un encuentro internacional en Grecia. Quién dijo miedo.

El embajador Néstor Osorio salió indignado a los medios nacionales a criticar la postura de quien fuera mandatario de los colombianos.

Lo hizo en las principales cadenas de nuestro país. Habló como un político en campaña, y pretendió dar clases sobre lo que deben hacer las personas que han sido depositarias de la confianza de los electores.

El episodio, además de producir indignación y cierta hilaridad, para decir la verdad, llama bastante la atención. Resulta que, en este gobierno, cuya diplomacia se ha dado a la tarea de dejar escritas páginas muy negativas para la historia, los deberes diplomáticos se cumplen diciendo cosas en la radio y la televisión local.

A pesar de que vivimos en un mundo globalizado, por lo cual ahora jamás se le habla solamente a la audiencia doméstica, la intención del curtido Embajador fue irse lanza en ristre contra el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe.

Pues se equivocó de cabo a rabo. Su tarea es, como la de todos los agentes diplomáticos de Colombia, otra, y bien distinta. Pero, adicionalmente, tiene el deber de respetar a la oposición democrática.

Quienes son contradictores legítimos de los gobiernos democráticos viajan al exterior, son invitados a los más diversos eventos, tienen voz en los foros que se organizan más allá de nuestras fronteras, y tienen la oportunidad de ser escuchados por las audiencias de los países en los que se celebran esos encuentros.

Eso hace parte de la tradición. No hay razón alguna para sorprenderse, ni existen motivos valederos que permitan convertir una crítica, legítima y normal, en argumento para trasladar al escenario interno lo que se diga por fuera. Sin embargo, se hizo.

Eso habla mal del gobierno y del acucioso embajador. La función de la diplomacia consiste en promover al país en el exterior, explicarlo, defender sus intereses y construir entendimientos que favorezcan el desarrollo nacional. Muy lejos está esa gran tarea de lo que presenció, atónita, la ciudadanía.

Un representante diplomático en los micrófonos de la radio criticando a un expresidente en términos que no se compadecen con tan alta investidura, da pena ajena. Ahora bien, si tiene muchos deseos de hacer política, bienvenido.

El espacio que da la democracia es amplio y, como es apenas natural, nadie tendría derecho a poner en entredicho su propósito de hacerlo.

Pero, mientras ostente el cargo que hoy ocupa, tiene el deber de portarse a la altura de sus responsabilidades. Por otro lado, al expresidente Uribe le sobran razones. Las viejas fronteras que dividían lo nacional de lo internacional, desaparecieron.

Cualquier cosa que se diga en el lugar más apartado tiene la capacidad de convertirse en noticia de naturaleza global. Lo que está sucediendo en Colombia puede ser conocido en cualquier rincón del planeta.

Y está bien que un expresidente exprese su opinión en foros internacionales. Muchos lo hacen sin padecer el escarnio al que un embajador equivocado ha querido someter a Álvaro Uribe. El episodio que aquí se comenta será apenas anecdótico mañana.

Carecerá de importancia por la ausencia de razón. No obstante, es imposible dejar de comentarlo, porque crea una oportunidad para reclamarle a algunos embajadores que cumplan, verdaderamente, con sus deberes.

Eso es lo que tienen que hacer, en lugar de dedicarse a andar detrás de un exjefe del Estado para contradecirlo sin razones, con sustento en los hechos y las cifras oficiales.

Al fin de cuentas, Uribe tiene razón.

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Opinión

“El pelao que es llorón y la mamá que lo pellizca” adagio popular

Víctor Rodriguez Fajardo

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Víctor Rodríguez Fajardo

El actual sistema de transporte público urbano de Santa Marta está bajo observación, tiene amenaza por supervivencia al existir la necesidad de entregar este servicio a un operador con el suficiente músculo financiero y la experiencia necesaria, ellos lo saben pués el Distrito así lo ha manifestado.

En otras palabras, no han tomado conciencia de estar más afuera que adentro.

“Ademas de cotudos, con paperas”

Como si fuera poco, hoy se cumple el segundo dia de paro de conductores lo cual genera un importante trauma en la ciudad, lo peor y más grave, llena de argumentos a quiénes piensan entregar la operación a otros empresarios.

Algunos mal pensantes hasta se atreven asegurar que el nuevo operador ya tiene nombre.
Los motivos del paro son de tipo privado al interior de las empresas, propietarios y conductores quienes tienen un problema laboral el cual debe ser solucionado como empresa privada. Si hoy no hay solución y no se levanta el paro, la administración distrital deberá intervenir y lo más probable, retirar o cancelar las rutas adjudicadas a las actuales empresas.

“Soldado avisado no muere en guerra”

Pero acá puede ser que estando avisados, no sobrevivan.

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Opinión

El mundo del trabajo decente

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Ricardo Villa Sánchez 

En la actual carrera presidencial se retoma de manera tangencial la cuestión de las disparidades en el mundo del trabajo, pero no se asumen como el centro del debate para una vida digna del trabajador, sus organizaciones y para el crecimiento sostenible de las empresas, elementos esenciales para que una sociedad viva mejor.

Persisten deudas sociales con el mundo del trabajo que se han aplazado desde la expedición de la Constitución de 1991, como sería la reglamentación de un estatuto del trabajo que contenga los derechos, principios y valores mínimos en la materia. Es el momento de saldarlas en la generación de la Paz.

Es clave subrayar que nuestro longevo Código Sustantivo del Trabajo requiere de su actualización en algunos temas complejos que permitan su integración a la perspectiva del trabajo actual. Por ejemplo, así se satanicen algunas de las recomendaciones de la Ocde en materia laboral para el ingreso del país a esta organización o no se hayan reglamentado determinados pactos de la OIT, más allá de acertadas acciones, como la implementación de la oralidad en la técnica procedimental, es necesario avanzar, en desarrollos normativos que posibiliten más garantías como que la negociación colectiva sea sectorial y regional o por rama de actividad; se regulen los pactos con trabajadores no sindicalizados y se imponga que se conforme un solo equipo negociador, con unidad de pliegos, cuando haya varios sindicatos en una misma empresa; se permita el derecho de asociación y de negociación colectiva en la fuerza pública y se amplíen los derechos del trabajo en la ruralidad; se admita el derecho de huelga en las organizaciones de trabajadores de segundo y tercer grados; y se pueda, por ejemplo, concertar el salario mínimo sectorial o regional, entre otros asuntos que hacen parte de la agenda laboral para la Paz, en las políticas públicas del trabajo decente en Colombia.

Esta política pública, además de mejorar las relaciones laborales en el país, fortalecer el diálogo social, desarrollar los derechos fundamentales del trabajo, implementar los Acuerdos de Paz y de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros, como la abolición del trabajo infantil, de la discriminación laboral, o para el establecimiento de un piso de protección social en la ruralidad y de porcentajes de inclusión, con estabilidad reforzada, a población vulnerable y en debilidad manifiesta, entre otros a mujeres, personas con discapacidad, víctimas, desmovilizados, etnias, enfermos de actividades riesgosas; así como es importante que a través de la política de trabajo decente, se ponga freno a la progresiva informalidad laboral, subcontratación ilegal y a la intermediación laboral irregular, y coto a la implementación de dispositivos, tal vez como el contrato sindical, que hacen elástica la tercerización.

Otro asunto, fundamental para la sana armonía en el mundo del trabajo, tiene que ver con la lucha contra la discriminación, segregación y violencia contra líderes o trabajadores sindicalizados. Allí es clave avanzar en la reparación colectiva del movimiento sindical con más de 3.000 víctimas en las noches de niebla; para esto se requiere hacer sostenible la Mesa Permanente de Concertación con las Centrales Sindicales, que acuerde y desarrolle las medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, y en los componentes político, material y simbólico. Es allí cuando se demanda fortalecer la protección a organizaciones sindicales, sus líderes y afiliados y hacer eficaces las sanciones frente a conductas contra la libertad sindical. Si se elimina la violencia contra sindicalistas, aumentará la tasa de sindicación, de esta manera, en un círculo virtuoso, se garantizarán aún más los derechos fundamentales del trabajo en las organizaciones de trabajadores y se harán las empresas más sostenibles, más productivas y con menos conflictividad laboral.

Quizás el aspecto más crucial de la política de trabajo decente, es la interiorización y empoderamiento de una ciudadanía laboral. Para esto, es necesario, obligar a reformar pensum académicos, para que se implementen módulos sobre derechos fundamentales del trabajo y empleo digno, principalmente, en el Sena en los niveles de la formación para el trabajo, en la Esap en su programa de administración pública territorial y en las carreras profesionales de las universidades. Ampliar la democracia, requiere se realicen los derechos fundamentales del trabajo con políticas modernas, adecuadas, eficaces de trabajo decente que se dirijan a mejorar las relaciones laborales en el país, la productividad y la calidad de vida. La igualdad de oportunidades de acceso a un trabajo decente y a un empleo digno, es una de las rutas fundamentales para la construcción colectiva de un nuevo país, más equitativo y más humano, en Paz con justicia social.

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Así vamos en la paz

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Juan Manuel Galán

Esta semana el Congreso de la República analizó el estado de implementación del Acuerdo de paz. Las cifras son poco alentadoras. Sin embargo, lo más importante en relación con este asunto es saber que quienes tienen ahora las responsabilidades más grandes del Proceso de paz, son los entes territoriales. Aunque no hubo alcaldes o gobernadores sentados en la mesa de La Habana, ni tampoco en el debate parlamentario de hace unos días, ellos son la clave para completar la tarea del posconflicto.

Lograr la participación activa y decisoria de los mandatarios locales en temas como la reforma agraria integral y el cumplimiento del acuerdo en materia de víctimas, será un requisito necesario para impulsar el anhelo de paz de muchos colombianos. Así, llaman la atención las cifras de cumplimiento o incumplimiento del acuerdo en temas puntuales como el de la reforma rural integral y específicamente en el del acceso y formalización de la tierra.

De acuerdo con estudios del Instituto Geográfico ‘Agustín Codazzi’, el 25 % de los propietarios de tierra en Colombia son dueños del 95 % del territorio nacional y según datos del Dane, el 64 % de los hogares campesinos no tienen acceso a la tierra. En este contexto, es urgente la creación de espacios de concertación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, en los que participen campesinos, pueblos étnicos y empresarios para definir una agenda sobre la legalización de la propiedad, el uso de la tierra, su sostenibilidad y su producción.

No da espera avanzar en la creación de un Sistema General de Información Catastral que permita actualizar el catastro y el impuesto predial y al mismo tiempo, que preste a los municipios el apoyo que necesitan para liquidar, cobrar y recaudar esos tributos.

Por otro lado, en relación con lo dispuesto en el Acuerdo Final sobre las víctimas, se reconocen avances pero aún quedan muchos asuntos administrativos por resolver. Específicamente, a los planes de reparación con enfoque territorial les falta más del 80 % del cumplimiento de sus metas; siguen ausentes espacios de diálogo y concertación de estos planes con las víctimas y sus organizaciones. Si nos concentramos en las cifras más relevantes, podemos decir que la implementación normativa e institucional del punto de víctimas ha avanzado en un 9.3 % y que en lo relacionado con la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas el avance ha sido alrededor del 12 %.

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