Una verdadera justicia – efectiva casación

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Por Rubén Darío Ceballos

Vivimos en un régimen político que concentra de tal forma el poder, hasta el punto de impactar en alto grado la política, lo social, lo económico y la justicia en gran medida, si se quiere, al obedecer y aparecer en ello las lealtades personales y las concepciones políticas, que hacen que los funcionarios judiciales funjan, inclusive de manera inconsciente, como operadores políticos y no como servidores de la sociedad, haciéndose imposible alcanzar una real justicia y terminar con la impunidad.

Peor aún, esa dependencia política posibilita que el aparato de justicia se utilice de forma irregular, viéndose favorecidos intereses de esa índole, lo que impide que funcione en su integridad y, con ello, se den pasos serios en el combate a la impunidad.

La administración de justicia requiere personas de probada honradez, con clara independencia y autonomía respecto a cualquier interés de carácter partidario, puesto que la independencia y la autonomía son imperativas para alcanzar una genuina y eficaz justicia.

La justicia debe y tiene que ser un todo prístina y tener esa naturaleza es parte de su razón de ser, ya que todo se resume en la idea que hace depender la legalidad y la legitimación de las instituciones estatales en función de la protección de la vida, honra y bienes de los miembros de la sociedad; de ahí que la función judicial sólo será válida en la medida en la que pueda servir y proteger a los ciudadanos, garantizando los derechos fundamentales, haciendo efectivo oficiosamente el recurso extraordinario de casación, que en materia penal se ha convertido en inoperante, ante los continuos rechazos de las demandas de ese orden, con justificaciones débiles en múltiples oportunidades.

De la misma manera, la justicia debe hallarse inmersa en la ética y la moral, importantes y sustanciales elementos de elevada referencia e injerencia en la vida jurídica por ser necesarios para su óptimo desempeño, lo mismo que útil, referente para la preservación de todo el sistema legal y para tener la confianza de la población. Si realmente queremos un verdadero cambio en la justicia, debemos partir de un adecuado bagaje de conocimientos y sólida autocrítica, aunada a una genuina reforma cultural que vaya más allá de lo jurídico y preguntarnos dónde está la falencia como personas y funcionarios. ¡Manos a la obra!

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