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Opinión

La complicidad desde el silencio

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Por Juan Manuel Galán

Los casos de acoso sexual denunciados en la industria audiovisual y cinematográfica de los Estados Unidos, provocan que nos preguntemos cuál es nuestra visión sobre estas conductas y si en algún momento las hemos involuntariamente apoyado.

Después de las investigaciones sobre la conducta de Harvey Weinstein, vinieron varias denuncias contra otros hombres conocidos como Charlie Rose, Kevin Spacey, Louis C.K., Jeffrey Tambo y Al Franken, entre otros.

Me pregunto, ¿cómo vamos con este tema en Colombia? Nuestro país, tiene una extensa regulación sobre acoso sexual. Desde 2008 con la Ley 1257 se tipifico esta conducta como un acto sexual abusivo, y se obligó al Gobierno Nacional a llevar a cabo planes de prevención, detección y atención de situaciones de acoso y agresión sexual.

A la fecha, no se han ejecutado ninguno de estos compromisos. Los más recientes trabajos periodísticos indican que en 8 años de vigencia de la ley que lo tipificó como delito, la Fiscalía ha recibido solo 1.743 denuncias, la mayoría de ellas en Medellín y Bogotá, pero que aún existe un alto subregistro en esta materia.

Más grave aún, solo uno de cada 10 procesos por acoso sexual llega a condena. Entre los jóvenes, la situación es problemática: según la revista Vice, especializada en cultura juvenil, la situación de acoso sexual en las universidades a nivel nacional es dramática, pues hoy es prácticamente imposible llegar a un número exacto de casos de acoso o abuso sexual, o encontrar protocolos de atención o herramientas de medición y sanción de estos casos.

Adicionalmente, la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional en 2016, encuestó a 1.602 mujeres estudiantes de su sede en Bogotá y concluyó que el 54 por ciento fue víctima de algún tipo de violencia sexual en la institución o en actividades relacionadas con esta y sin embargo, sólo un poco más de 50 estudiantes presentaron algún tipo de denuncia.

Este caso muestra cómo las instituciones por omisión o indiferencia pueden ser voluntariamente ciegas ante un hecho de violencia y frustrar los intentos de denuncia de una víctima. El acoso sexual es una forma de violencia contra la mujer, y aunque la regulación existe, el problema aún no está resuelto. Por eso, debemos dejar de mirar hacia otro lado y penalizar este tipo de conductas, no solo a través de la ley sino principalmente a través de la censura, el rechazo social y la solidaridad con las víctimas.

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Opinión

El mundo del trabajo decente

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Ricardo Villa Sánchez 

En la actual carrera presidencial se retoma de manera tangencial la cuestión de las disparidades en el mundo del trabajo, pero no se asumen como el centro del debate para una vida digna del trabajador, sus organizaciones y para el crecimiento sostenible de las empresas, elementos esenciales para que una sociedad viva mejor.

Persisten deudas sociales con el mundo del trabajo que se han aplazado desde la expedición de la Constitución de 1991, como sería la reglamentación de un estatuto del trabajo que contenga los derechos, principios y valores mínimos en la materia. Es el momento de saldarlas en la generación de la Paz.

Es clave subrayar que nuestro longevo Código Sustantivo del Trabajo requiere de su actualización en algunos temas complejos que permitan su integración a la perspectiva del trabajo actual. Por ejemplo, así se satanicen algunas de las recomendaciones de la Ocde en materia laboral para el ingreso del país a esta organización o no se hayan reglamentado determinados pactos de la OIT, más allá de acertadas acciones, como la implementación de la oralidad en la técnica procedimental, es necesario avanzar, en desarrollos normativos que posibiliten más garantías como que la negociación colectiva sea sectorial y regional o por rama de actividad; se regulen los pactos con trabajadores no sindicalizados y se imponga que se conforme un solo equipo negociador, con unidad de pliegos, cuando haya varios sindicatos en una misma empresa; se permita el derecho de asociación y de negociación colectiva en la fuerza pública y se amplíen los derechos del trabajo en la ruralidad; se admita el derecho de huelga en las organizaciones de trabajadores de segundo y tercer grados; y se pueda, por ejemplo, concertar el salario mínimo sectorial o regional, entre otros asuntos que hacen parte de la agenda laboral para la Paz, en las políticas públicas del trabajo decente en Colombia.

Esta política pública, además de mejorar las relaciones laborales en el país, fortalecer el diálogo social, desarrollar los derechos fundamentales del trabajo, implementar los Acuerdos de Paz y de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros, como la abolición del trabajo infantil, de la discriminación laboral, o para el establecimiento de un piso de protección social en la ruralidad y de porcentajes de inclusión, con estabilidad reforzada, a población vulnerable y en debilidad manifiesta, entre otros a mujeres, personas con discapacidad, víctimas, desmovilizados, etnias, enfermos de actividades riesgosas; así como es importante que a través de la política de trabajo decente, se ponga freno a la progresiva informalidad laboral, subcontratación ilegal y a la intermediación laboral irregular, y coto a la implementación de dispositivos, tal vez como el contrato sindical, que hacen elástica la tercerización.

Otro asunto, fundamental para la sana armonía en el mundo del trabajo, tiene que ver con la lucha contra la discriminación, segregación y violencia contra líderes o trabajadores sindicalizados. Allí es clave avanzar en la reparación colectiva del movimiento sindical con más de 3.000 víctimas en las noches de niebla; para esto se requiere hacer sostenible la Mesa Permanente de Concertación con las Centrales Sindicales, que acuerde y desarrolle las medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, y en los componentes político, material y simbólico. Es allí cuando se demanda fortalecer la protección a organizaciones sindicales, sus líderes y afiliados y hacer eficaces las sanciones frente a conductas contra la libertad sindical. Si se elimina la violencia contra sindicalistas, aumentará la tasa de sindicación, de esta manera, en un círculo virtuoso, se garantizarán aún más los derechos fundamentales del trabajo en las organizaciones de trabajadores y se harán las empresas más sostenibles, más productivas y con menos conflictividad laboral.

Quizás el aspecto más crucial de la política de trabajo decente, es la interiorización y empoderamiento de una ciudadanía laboral. Para esto, es necesario, obligar a reformar pensum académicos, para que se implementen módulos sobre derechos fundamentales del trabajo y empleo digno, principalmente, en el Sena en los niveles de la formación para el trabajo, en la Esap en su programa de administración pública territorial y en las carreras profesionales de las universidades. Ampliar la democracia, requiere se realicen los derechos fundamentales del trabajo con políticas modernas, adecuadas, eficaces de trabajo decente que se dirijan a mejorar las relaciones laborales en el país, la productividad y la calidad de vida. La igualdad de oportunidades de acceso a un trabajo decente y a un empleo digno, es una de las rutas fundamentales para la construcción colectiva de un nuevo país, más equitativo y más humano, en Paz con justicia social.

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Opinión

Así vamos en la paz

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Juan Manuel Galán

Esta semana el Congreso de la República analizó el estado de implementación del Acuerdo de paz. Las cifras son poco alentadoras. Sin embargo, lo más importante en relación con este asunto es saber que quienes tienen ahora las responsabilidades más grandes del Proceso de paz, son los entes territoriales. Aunque no hubo alcaldes o gobernadores sentados en la mesa de La Habana, ni tampoco en el debate parlamentario de hace unos días, ellos son la clave para completar la tarea del posconflicto.

Lograr la participación activa y decisoria de los mandatarios locales en temas como la reforma agraria integral y el cumplimiento del acuerdo en materia de víctimas, será un requisito necesario para impulsar el anhelo de paz de muchos colombianos. Así, llaman la atención las cifras de cumplimiento o incumplimiento del acuerdo en temas puntuales como el de la reforma rural integral y específicamente en el del acceso y formalización de la tierra.

De acuerdo con estudios del Instituto Geográfico ‘Agustín Codazzi’, el 25 % de los propietarios de tierra en Colombia son dueños del 95 % del territorio nacional y según datos del Dane, el 64 % de los hogares campesinos no tienen acceso a la tierra. En este contexto, es urgente la creación de espacios de concertación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, en los que participen campesinos, pueblos étnicos y empresarios para definir una agenda sobre la legalización de la propiedad, el uso de la tierra, su sostenibilidad y su producción.

No da espera avanzar en la creación de un Sistema General de Información Catastral que permita actualizar el catastro y el impuesto predial y al mismo tiempo, que preste a los municipios el apoyo que necesitan para liquidar, cobrar y recaudar esos tributos.

Por otro lado, en relación con lo dispuesto en el Acuerdo Final sobre las víctimas, se reconocen avances pero aún quedan muchos asuntos administrativos por resolver. Específicamente, a los planes de reparación con enfoque territorial les falta más del 80 % del cumplimiento de sus metas; siguen ausentes espacios de diálogo y concertación de estos planes con las víctimas y sus organizaciones. Si nos concentramos en las cifras más relevantes, podemos decir que la implementación normativa e institucional del punto de víctimas ha avanzado en un 9.3 % y que en lo relacionado con la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas el avance ha sido alrededor del 12 %.

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Opinión

Duque vs. Petro

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Carlos Holmes Trujillo García

Es verdad que la política se volvió impredecible a raíz del debilitamiento de los partidos, el crecimiento de los independientes y el impacto instantáneo de múltiples sistemas de comunicación e información. No obstante, en la actual campaña presidencial las tendencias parecen tener un claro nivel de consolidación. Esa es la conclusión que permiten sacar todas las encuestas realizadas después del 11 de marzo.

El orden ha sido el mismo: Duque, Petro, Fajardo, Vargas, de La Calle. Los porcentajes varían, pero, en general, puede decirse que se mantienen las diferencias dentro de ciertos rangos. Todo indica, entonces, que la decisión la tomarán los colombianos entre Iván Duque y Gustavo Petro. El veredicto popular, pues, tendrá que ver con dos visiones distintas sobre el modelo de desarrollo del país.

Duque, acompañado por Marta Lucía Ramírez, propende por el imperio de la ley, y el impulso al emprendimiento privado para alcanzar la equidad. Lo que buscan es una economía dinámica, que crezca a altas tasas, solidaria y cristiana con el fin de tener buena política social, avanzar hacia la igualdad de oportunidades y generar empleo.

La batalla contra la corrupción, fundamentada en los principios de que sí se puede combatirla con éxito y cero tolerancia, apunta, entre otras medidas, a acabar con los beneficios para los corruptos.

Nada de casa por cárcel a los ladrones del patrimonio de todos, nada de rebaja de penas para que salgan a disfrutar de la riqueza adquirida de forma criminal, y medidas de extinción de dominio rápida a los bienes de los depredadores de los recursos de los ciudadanos.

Se trata de una propuesta dirigida a bajar impuestos, subir salarios y congelar temporalmente el predial. Es un programa con visión de futuro, apegado al objetivo del desarrollo sostenible, que busca producir conservando y conservar produciendo, para que haya más empleo formal y combatir la desigualdad.

La otra propuesta, la de Petro, es una especie de versión colombiana del chavismo, vale decir, de la acción gubernamental que ha conducido al hermano pueblo de Venezuela a la desaparición de la democracia, el debilitamiento económico, la escasez y el hambre.

Los líderes de distintos países en donde esa visión se transformó en política de Estado, se definieron en la primera etapa de su gestión como demócratas y humanistas que buscaban la igualdad. Al final, la historia los registra como dictadores y tiranos que conculcaron las libertades y acabaron con la iniciativa privada para mantener el poder de un Estado absolutista.

Las líneas de ese pensamiento, traducido en política pública se ensayaron en 27 países en el siglo XX, y fracasaron en todos ellos. Eso de comprarle las tierras al doctor Ardila Lula para repartirlas, y subir mucho el predial rural para que los propietarios de áreas improductivas –dice él– se vean obligados a venderle al Estado, hace recordar, inevitablemente, a Chávez.

Las alternativas son claras, como claro es que lo que le conviene a Colombia es construir un futuro mejor para todos mediante la legalidad, el emprendimiento y la equidad que propone Iván Duque. Los colombianos queremos vivir y trabajar tranquilos.

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