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Opinión

LOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR TAMBIÉN DECIDEN

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Por Ricardo Villa Sánchez
@rvillasanchez
¿Por qué le temen a las votaciones de colombianos en el exterior? Es una pregunta que redunda en el ambiente de tensiones de este año electoral.
Máxime si se destaca el trino de Vargas: “Presidente @JuanManSantos que para la elección del Presidente de Colombia quede consignado que los votos que se depositen en Venezuela no serán contabilizados en Colombia, como quiera que quienes allá votan perdieron su libre albedrío, su autonomía y su independencia hace mucho.” Sin embargo, frente a esta afirmación, se pueden anticipar varias respuestas: No hay ciudadanos colombianos de primera y segunda categoría. En Colombia para votar por presidente de los nacionales en el exterior, sólo se pide inscribirse previamente en el censo electoral, en el exterior; presentar la cédula de ciudadanía al momento de ejercer el derecho al voto; y estar en pleno uso de sus derechos políticos, conforme a la legislación nacional, al momento de ejercer el derecho al voto. En ese sentido, sería mejor que, como estadistas, los candidatos presidenciales, propongan avanzar en políticas públicas que permitan reconocer como sujetos de derechos y actores políticos que inciden en nuestra realidad a los que se han ido en busca de oportunidades o, más bien, presentar propuestas de solidaridad con los hermanos venezolanos o colombianos que hayan emigrado al vecino país y están retornando, a través de contundentes programas de reintegración socio-laboral que generen oportunidades de sobrevivencia, garantías de la ciudadanía, protección, inclusión productiva y empleo, y acceso a derechos sociales.
Es clave subrayar que la abstención de la ciudadanía a la presidencia en el exterior en las elecciones pasadas fue del 82% e históricamente ha sido cercana al 90%. La vez anterior (2014) el Centro Democrático barrió en la primera vuelta con el 41,26 por ciento de la votación, es decir, 41.333 sufragios y en la segunda vuelta aumentó a 57.80%, con 64.28 votos. Sin embargo, sólo votaron 100.000 personas de un potencial electoral de 559.952 sufragantes. ¿Eso es definitivo en la carrera presidencial?
Por ejemplo, con este mismo censo electoral, sólo el 12% de los colombianos en el exterior votaron por el plebiscito por la paz, es decir, 75.450 ciudadanos. Ganó el Sí en esa franja, con el 55,92% pero esto ni siquiera pellizcó al resultado final. Si hablamos del Congreso de la República, el abstencionismo de la ciudadanía en el exterior fue del 92.64 % para Cámara de Representantes y del 92.40% para el Senado. La diáspora migratoria al parecer también genera desarraigo electoral. ¿O será que muchos de los cerca de 4.7 millones de colombianos en el exterior, aún no tienen su situación migratoria regularizada?
En caso de mirar los resultados históricos, en las elecciones de 2002, subió de una manera desproporcionada la participación de los colombianos en el exterior, según la MOE, al 65%. En ese momento, Uribe ganó en casi todos los países, excepto Rusia y Cuba, donde triunfó Carlos Gaviria, pero con irrisorios resultados. Hilando más delgado, volviendo a hacer referencia al reciente desa-trino de Vargas, con el clamor que le hace al presidente Santos sobre la votación de los colombianos en Venezuela, uno podría pensar que sus prevenciones son infundadas. En realidad no se sabría a qué le teme, ¿Será a que gane? Averígüelo Vargas… Teniendo en cuenta que por ejemplo, en el momento de mayor ebullición del Chavismo, en 2002 Uribe le sacó una contundente diferencia en número de votos al que lo siguió, es decir 9.251 votos frente a 1.942 de su maestro de derecho Carlos Gaviria Díaz, tendencia que continuó in crescendo en los siguientes debates a presidencia, al punto que en las últimas elecciones Juan Manuel Santos, en el vecino país venció en primera vuelta con el 46.83% y en la segunda con el 52%.
Lo cierto es que se puede probar que en las últimas elecciones presidenciales de Colombia, ha ganado la derecha en las votaciones de los colombianos en Venezuela, así como en las votaciones en su conjunto de los nacionales en el exterior. Como también ha pasado en nuestra historia republicana, con algunas excepciones que confirmarían ésta que parecería una regla electoral: en nuestro país las élites han ganado la presidencia; ¿Será que es el momento de darle la oportunidad a la alternativa, a la fuerza del cambio o a otra forma de gobernar para la gente?
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Opinión

Inclusión e integración sin exclusiones

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 Saúl Alfonso Herrera

Inclusión e integración, son gestas y hazañas verdaderas que requieren para su materialización, de múltiples actores e ingentes esfuerzos para justificar que bien vale la pena todo lo que se haga en su consolidación. Los ríos de pobres, miserablemente asentados en nuestros territorios, traduce emergencia por ser producto de muchas circunstancias que anteceden de su formación y refieren categóricamente fracasos tales como su desarrollo en muchas de nuestras áreas, la mala planificación municipal, y la inequidad alimentada por los desajustes sociales.

La exclusión es una sino la mayor de nuestra deuda como sociedad, que debe ser atendida sin demora y como una prioridad política absoluta por encima de todas las cosas. Nada debe importarnos más que luchar con todos los instrumentos posibles para construir una sociedad de ciudadanos plenos, y esa condición es imposible en un ambiente pauperizado, degradado, irregular, sin servicios en condiciones infrahumanas, de insana aglomeración fuera del control del Estado y sin pautas algunas de convivencia ciudadana.

Esperanzados estamos que se inicien procesos desde las instancias instituidas para el efecto, orientados a quebrarle el espinazo a este flagelo de la exclusión en distintas partes de nuestros territorios. Llevar a cabo por ejemplo acciones que incrementen el nivel del conocimiento de la real situación que se vive en esos espacios, geo-referenciar- los con exactitud plena, formalizarlos e integrarlos, lo que mejorará sin duda la vida en los municipios, los hará mayormente funcionales, obligará superiores pautas de movilidad, igualmente mejorará el mercado formal de vivienda, impactará positivamente le mercado de trabajo, potenciará la inversión familiar, entre otros avances sociales, desafíos que deben ser asumidos con sumo orden, cuidado y amplio respaldo social que debemos construir de manera explicita y consensuada con la comunidad en contexto de planeación democrática.

Fundamental en esto el papel a jugar por parte de los gobiernos locales, que deberán buscar el cofinanciamiento de la infraestructura de servicios necesaria para la integración que se plantea. Igualmente, vital el papel de los habitantes de dichos actores que deben comprometer su propio esfuerzo en un proceso que debe ser facilitado, pero no resuelto de un modo asistencial o clientelar. También los profesionales, en un todo conjunto, deben poner lo mejor de si para llevar a cabo esta noble tarea en la que el Congreso facilite al Ejecutivo más instrumentos para dar respuesta a dichas necesidades y expresar por ese medio la sensibilidad social y la prioridad política que el tema genera.

 

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¿Dónde está el piloto?

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La semana anterior les conté que la Comisión de Seguridad Aérea del Senado de la República, entregó el informe final de su gestión con varios hallazgos delicados. Hoy quiero profundizar sobre el que más preocupación me generó. Se trata del déficit de vigilancia en 101 aeródromos del país que se encuentran bajo la administración de 59 entidades territoriales. Estamos hablando de aeropuertos administrados por gobernaciones y municipios, que presentan casos complejos como que, en Sucre, o en el Vichada, puede haber 60 o 50 pistas donde no hay control efectivo de sus operaciones.

Específicamente, el estudio realizado por la Superintendencia de Puertos y Transportes, arrojó que de los 101 aeródromos mencionados, el 95% no cuenta con ningún tipo de administración por esa razón, la entidad actualmente adelanta un proyecto para que las entidades territoriales, que tienen a cargo esta infraestructura aérea, formalicen una administración a través de un funcionario una dependencia de la alcaldía o de la gobernación, y así, se ejerza un control de las condiciones mínimas de operación y el funcionamiento de los aeródromos.

Si cruzamos el listado de gobernaciones y alcaldías, que son propietarias y/o explotadoras de estos 101 aeródromos con la información sobre los departamentos con más cultivos de coca, encontramos que muchas de estas pistas están precisamente en aquellos departamentos. Así, nos referimos por ejemplo, a el aeródromo del municipio López de Micay y de Timbiquí que se ubica en el departamento del Cauca, un departamento del que se ha dicho por la prensa nacional que “nada en un mar de coca”. También nos preocupa la ausencia de vigilancia y control sobre el aeródromo de Caucaya en el Putumayo y el aeródromo de El Charco, en Nariño.

Por todas estas razones, es necesario dotar a la Superintendencia de Puertos y Transportes de competencia o funciones específicas, para ejercer control y vigilancia de manera efectiva y eficiente sobre las tasas que las aerolíneas le adeudan a la entidad, en especial, los aeródromos que están bajo la jurisdicción de las entidades territoriales; con el fin de que se pueda corregir el mal estado o abandono de algunos de ellos y detectar a tiempo, usos irregulares de sus pistas u otras situaciones que puedan configurar actividades al margen de la ley; y dar traslado a la autoridad competente en esa materia.

En sus comienzos, el narcotráfico en Colombia fue controlado por carteles que utilizaron aeropuertos, pistas y equipajes, para el transporte de droga al exterior y repatriación de capitales. No podemos dejar que esto nos vuelva a pasar.

 

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Nuevos recursos para Electricaribe

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Las alertas de un posible apagón en la costa han suscitado un debate público en torno a las dificultades de Electricaribe para mantener la estabilidad de su operación. Este escenario. Las advertencias de expertos y formadores de opinión en torno a estos hechos señalan como relevante que las limitaciones de suministro de energía a Electricaribe se presenten nuevamente, ahora que la empresa está en manos del Gobierno.

En el proceso de intervención se asume la responsabilidad de garantizar, no solo la continuidad del servicio, sino de materializar la solución estructural de la compañía. No podemos minimizar las advertencias ni mucho menos soslayarlas, todo lo contrario, debemos entender las preocupaciones colectivas de nuestros grupos de intereses para mantenerlos informados oportunamente de las acciones que se están tomando para evitar un colapso.

Dos son los mensajes para dar tranquilidad ante las legítimas preocupaciones por las amenazas de posibles racionamientos. Primero, que durante 20 meses, la medida de intervención ha logrado suministrar energía sin limitaciones del servicio como sanción del sistema eléctrico beneficiando a 10 millones de habitantes de la costa.

Ello ha sido posible gracias al apalancamiento con recursos del fondo empresarial de la Superservicios, con el esquema de garantías para la compra de energía diseñadas por el Gobierno Nacional que hasta hoy se han asignado parcialmente y por el desempeño de los trabajadores directo e indirectos de la empresa.

Segundo, para atender las necesidades que garanticen mediante la operación durante el 2018, se requiere contar con los recursos aprobados en el documento Conpes de noviembre de 2017 por 320 mil millones de pesos de los cuales 195 mil millones son para garantías y 125 mil millones para inversiones en infraestructura y tecnología.

Para el 2019 el Gobierno anunció la asignación de recursos por 735 mil millones de pesos amparados en un nuevo documento Conpes que se destinaría para inversiones bajo el nuevo marco tarifario que sin duda impactará positivamente en la calidad del servicio. Con esos apoyos se podrá avanzar en la implementación de la solución estructural sin los afanes de escasez de materiales, sin procesos de limitación de suministro de energía y sin los problemas en la logística para operar.

El proceso para la solución estructural, como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos, empezará en este mes de julio, y a partir de allí se conocerá el interés del mercado para operar la empresa y hacer las grandes inversiones que se requieren con urgencia.

 

 

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