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Opinión

EN EL MAGDALENA SIGUE EL MAL TIEMPO PARA VOTAR

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Por Ricardo Villa Sánchez

@rvillasanchez

Hace poco estuve leyendo el informe Herederos de Odebrecht y vínculos con ilegales en las listas a Senado y Cámara de representantes de la Fundación Paz & Reconciliación (http://bit.ly/2tadvF6) Allí es triste ver que como en los últimos análisis de las postulaciones al Congreso de la República, el Magdalena es protagonista en forma negativa, cuando nos hablan de que los herederos de la mal llamada parapolítica y de las mafias de la corrupción, serían los que tendrían más opción de lograr las cinco curules que se lidian con los dientes, las casas políticas de esta región. Citan a varios candidatos, a algunos que no se atrevieron a postular como Álvaro Cotes y Jaime Serrano, y aunque de seguro se le escapan uno que otro o se quedan cortos, manifiestan secretos a voces sobre las otras candidaturas como la de Fabián Castillo, Carlos Mario Farelo, Franklin del Cristo Lozano, Kelyn González que obtendrían varias de las curules en disputa, lo más probable para calentar puesto en las sesiones del parlamento, asumir posturas gobiernistas que les sirvan para defender sus intereses particulares y privilegios o a determinados actores que los financian, dejando a un lado el bienestar general y la profundización de la democracia.

Es claro que el tema no es de nombres, ni de quien puede comprar más votos para que su lista obtenga más curules. Es un asunto de la calidad de la democracia. Ojalá cualquiera de los susodichos blacamanes de la política, de llegar al Congreso de la República, nos diera una sorpresa, haciendo debates de control político o presentando proyectos de normas sobre el mejoramiento de la actual situación de las vías en el departamento; de la salud, de la educación, de la vivienda; de la comercialización de nuestros productos básicos y del acceso a empleo decente; a los servicios públicos eficientes; al saneamiento básico y a la gestión del riesgo; al desarrollo sostenible; a la participación ciudadana, a la seguridad humana y a la cultura ciudadana; a la lucha contra la pobreza, la corrupción y el narcotráfico; al fortalecimiento de lo público, y a la apertura democrática. Ojalá por lo menos hablaran de justicia social, después de sus campañas electorales, aunque muchos dirán que esto no les importa, sino sólo los negocios que puedan hacer en su cuarto de hora en el Congreso de la República, sin embargo, aún no se pierde la esperanza en que la gente cambie sus preferencias o goce de las garantías para hacer uso de su poder de decisión y vote por alguien decente, como por la Lista de la Decencia al Senado de la República o la de Fuerza Ciudadana por la Decencia a la Cámara de Representantes por el Magdalena, que lleve al Congreso de la República a parlamentarios que si representen a la ciudadanía en los escenarios de deliberación y de decisión política, donde se discuten las posibles transformaciones de este país que entró a la nueva época de la construcción de paz y reconciliación y que se enfrente y derrote, como ya se hizo en Santa Marta, a las castas tradicionales del departamento, que cuentan con un sempiterno poder económico y político.

A veces toca superar las fronteras del pesimismo. No obstante si se revisa los informes sobre riesgos electorales y alertas tempranas tanto de la Misión de Observación Electoral- MOE como de la Defensoría del Pueblo, se halla que todavía en Santa Marta y el Magdalena, como diría Saramago, hay mal tiempo para votar. (http://bit.ly/2FIqfp6) La Moe (http://bit.ly/2FI3hhZ) nos indica que a pesar de que en el resto del país disminuyeron significativamente los factores de riesgo, en el Magdalena persiste la mala hora, aumentando los factores de riesgo electoral en Santa Marta, en Aracataca -la tierra donde nació nuestro Nobel de Literatura-, en Zona Bananera, Ciénaga, Fundación, Puebloviejo, Remolino, Pedraza, Santa Barbara de Pinto, Sabanas de San Ángel, El Piñón, Tenerife, Zapayán, Pivijay, San Sebastián de Buenavista y San Zenón.

En ese sentido, a Santa Marta la catalogan con riesgo extremo y a Aracataca en riesgo medio, en virtud de que coinciden factores indicativos de fraude electoral y de violencia como serían, entre otros, la eventual presencia de actores armados y de rentas ilegales, malas prácticas políticas locales, dominio electoral, violación a la libertad de prensa, falta de acceso a puestos de votación, trashumancia, economías ilegales, barreras a la participación ciudadana, conductas irregulares e ilegales en materia electoral. Asimismo, en riesgo extremo de fraude electoral al Senado, ubican a Pivijay, San Sebastian de Buenavista y San Zenón. Para la Cámara mencionan a Tenerife y a Zapayán. También en riesgo alto por nivel atípico de participación en cuanto a la Cámara, afirman que estaría incurso Pedraza y al Senado en riesgo medio, sitúan a 14 municipios, y por variación atípica de la participación, en riesgo extremo colocan a Pivijay. También, en riesgo medio por alto nivel de votos nulos, ponen a Santa Marta. En fin, si se hila más delgado, en como diría Oscar Montes, esta telaraña mafiosa, se podría aducir que se requiere un acompañamiento especial a las elecciones al Congreso de la República en el departamento del Magdalena

Por su parte la Defensoría del Pueblo, (http://bit.ly/2GXyYTF) en su sistema de alertas tempranas sobre riesgo electoral, a grandes rasgos afirma que se presentan amenazas en 7 municipios, como El Banco, Plato, Ciénaga, Santana, Santa Barbara de Pinto, Santa Marta y Tenerife, catalogados como territorios en riesgo y conductas vulneratorias, es decir, en este caso con riesgo electoral medio por incidencia de grupos armados ilegales en las elecciones de 2018 como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otros grupos posdesmovilización de las AUC, que anunciarían ataques, hostigarían a candidatos o a sus sedes, desarrollarían determinados constreñimientos al elector, bloquearían vías, desplazarían de manera forzada a eventuales electores, en fin perturbarían el debate electoral y favorecerían la compra con dineros del narcotráfico y demás economía ilegal, y el intercambio de favores burocráticos, a cambio de votos que le torcerían el pescuezo a la transparencia en las elecciones, lo que permitiría, en contraprestación, que en el futuro no se les disputarían los corredores de la economía subterránea en el departamento.

En este tenso escenario, sin una tendencia marcada de la población hacia un mensaje político o a una apuesta especifica de transformación, y más desde un enfoque clientelista o transaccional de la política tradicional a través de sus famiempresas electorales y de sus herederos en disputa, que de un certamen democrático, se desarrollarían las elecciones para obtener la representación de las cinco curules a la Cámara de Representantes y la votación al Senado de la República, en el departamento del Magdalena. Ojalá estas elecciones las gane la gente o sino seguirá el departamento en el atraso, la pobreza, la exclusión, la postración, el olvido y la soledad, sin que por fin tenga una segunda oportunidad sobre la tierra.

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Opinión

Inclusión e integración sin exclusiones

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 Saúl Alfonso Herrera

Inclusión e integración, son gestas y hazañas verdaderas que requieren para su materialización, de múltiples actores e ingentes esfuerzos para justificar que bien vale la pena todo lo que se haga en su consolidación. Los ríos de pobres, miserablemente asentados en nuestros territorios, traduce emergencia por ser producto de muchas circunstancias que anteceden de su formación y refieren categóricamente fracasos tales como su desarrollo en muchas de nuestras áreas, la mala planificación municipal, y la inequidad alimentada por los desajustes sociales.

La exclusión es una sino la mayor de nuestra deuda como sociedad, que debe ser atendida sin demora y como una prioridad política absoluta por encima de todas las cosas. Nada debe importarnos más que luchar con todos los instrumentos posibles para construir una sociedad de ciudadanos plenos, y esa condición es imposible en un ambiente pauperizado, degradado, irregular, sin servicios en condiciones infrahumanas, de insana aglomeración fuera del control del Estado y sin pautas algunas de convivencia ciudadana.

Esperanzados estamos que se inicien procesos desde las instancias instituidas para el efecto, orientados a quebrarle el espinazo a este flagelo de la exclusión en distintas partes de nuestros territorios. Llevar a cabo por ejemplo acciones que incrementen el nivel del conocimiento de la real situación que se vive en esos espacios, geo-referenciar- los con exactitud plena, formalizarlos e integrarlos, lo que mejorará sin duda la vida en los municipios, los hará mayormente funcionales, obligará superiores pautas de movilidad, igualmente mejorará el mercado formal de vivienda, impactará positivamente le mercado de trabajo, potenciará la inversión familiar, entre otros avances sociales, desafíos que deben ser asumidos con sumo orden, cuidado y amplio respaldo social que debemos construir de manera explicita y consensuada con la comunidad en contexto de planeación democrática.

Fundamental en esto el papel a jugar por parte de los gobiernos locales, que deberán buscar el cofinanciamiento de la infraestructura de servicios necesaria para la integración que se plantea. Igualmente, vital el papel de los habitantes de dichos actores que deben comprometer su propio esfuerzo en un proceso que debe ser facilitado, pero no resuelto de un modo asistencial o clientelar. También los profesionales, en un todo conjunto, deben poner lo mejor de si para llevar a cabo esta noble tarea en la que el Congreso facilite al Ejecutivo más instrumentos para dar respuesta a dichas necesidades y expresar por ese medio la sensibilidad social y la prioridad política que el tema genera.

 

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¿Dónde está el piloto?

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La semana anterior les conté que la Comisión de Seguridad Aérea del Senado de la República, entregó el informe final de su gestión con varios hallazgos delicados. Hoy quiero profundizar sobre el que más preocupación me generó. Se trata del déficit de vigilancia en 101 aeródromos del país que se encuentran bajo la administración de 59 entidades territoriales. Estamos hablando de aeropuertos administrados por gobernaciones y municipios, que presentan casos complejos como que, en Sucre, o en el Vichada, puede haber 60 o 50 pistas donde no hay control efectivo de sus operaciones.

Específicamente, el estudio realizado por la Superintendencia de Puertos y Transportes, arrojó que de los 101 aeródromos mencionados, el 95% no cuenta con ningún tipo de administración por esa razón, la entidad actualmente adelanta un proyecto para que las entidades territoriales, que tienen a cargo esta infraestructura aérea, formalicen una administración a través de un funcionario una dependencia de la alcaldía o de la gobernación, y así, se ejerza un control de las condiciones mínimas de operación y el funcionamiento de los aeródromos.

Si cruzamos el listado de gobernaciones y alcaldías, que son propietarias y/o explotadoras de estos 101 aeródromos con la información sobre los departamentos con más cultivos de coca, encontramos que muchas de estas pistas están precisamente en aquellos departamentos. Así, nos referimos por ejemplo, a el aeródromo del municipio López de Micay y de Timbiquí que se ubica en el departamento del Cauca, un departamento del que se ha dicho por la prensa nacional que “nada en un mar de coca”. También nos preocupa la ausencia de vigilancia y control sobre el aeródromo de Caucaya en el Putumayo y el aeródromo de El Charco, en Nariño.

Por todas estas razones, es necesario dotar a la Superintendencia de Puertos y Transportes de competencia o funciones específicas, para ejercer control y vigilancia de manera efectiva y eficiente sobre las tasas que las aerolíneas le adeudan a la entidad, en especial, los aeródromos que están bajo la jurisdicción de las entidades territoriales; con el fin de que se pueda corregir el mal estado o abandono de algunos de ellos y detectar a tiempo, usos irregulares de sus pistas u otras situaciones que puedan configurar actividades al margen de la ley; y dar traslado a la autoridad competente en esa materia.

En sus comienzos, el narcotráfico en Colombia fue controlado por carteles que utilizaron aeropuertos, pistas y equipajes, para el transporte de droga al exterior y repatriación de capitales. No podemos dejar que esto nos vuelva a pasar.

 

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Nuevos recursos para Electricaribe

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Las alertas de un posible apagón en la costa han suscitado un debate público en torno a las dificultades de Electricaribe para mantener la estabilidad de su operación. Este escenario. Las advertencias de expertos y formadores de opinión en torno a estos hechos señalan como relevante que las limitaciones de suministro de energía a Electricaribe se presenten nuevamente, ahora que la empresa está en manos del Gobierno.

En el proceso de intervención se asume la responsabilidad de garantizar, no solo la continuidad del servicio, sino de materializar la solución estructural de la compañía. No podemos minimizar las advertencias ni mucho menos soslayarlas, todo lo contrario, debemos entender las preocupaciones colectivas de nuestros grupos de intereses para mantenerlos informados oportunamente de las acciones que se están tomando para evitar un colapso.

Dos son los mensajes para dar tranquilidad ante las legítimas preocupaciones por las amenazas de posibles racionamientos. Primero, que durante 20 meses, la medida de intervención ha logrado suministrar energía sin limitaciones del servicio como sanción del sistema eléctrico beneficiando a 10 millones de habitantes de la costa.

Ello ha sido posible gracias al apalancamiento con recursos del fondo empresarial de la Superservicios, con el esquema de garantías para la compra de energía diseñadas por el Gobierno Nacional que hasta hoy se han asignado parcialmente y por el desempeño de los trabajadores directo e indirectos de la empresa.

Segundo, para atender las necesidades que garanticen mediante la operación durante el 2018, se requiere contar con los recursos aprobados en el documento Conpes de noviembre de 2017 por 320 mil millones de pesos de los cuales 195 mil millones son para garantías y 125 mil millones para inversiones en infraestructura y tecnología.

Para el 2019 el Gobierno anunció la asignación de recursos por 735 mil millones de pesos amparados en un nuevo documento Conpes que se destinaría para inversiones bajo el nuevo marco tarifario que sin duda impactará positivamente en la calidad del servicio. Con esos apoyos se podrá avanzar en la implementación de la solución estructural sin los afanes de escasez de materiales, sin procesos de limitación de suministro de energía y sin los problemas en la logística para operar.

El proceso para la solución estructural, como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos, empezará en este mes de julio, y a partir de allí se conocerá el interés del mercado para operar la empresa y hacer las grandes inversiones que se requieren con urgencia.

 

 

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