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Opinión

NO SE ROBEN LA PAZ

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Cecilia López Montaño

La corrupción en Colombia definitivamente no tiene límites. Ahora se han encontrado serios indicios de vicios en la contratación de los Fondos que reciben y asignan recursos de cooperación técnica y del erario público, destinados a hacer realidad el tránsito del conflicto a la paz. Muchas razones generan vergüenza en esta incapacidad del país de garantizar transparencia en la operación de sus actividades. La creatividad perversa de los privados y su permanente contubernio con funcionarios públicos inescrupulosos, están escribiendo este nuevo capítulo de mala asignación de recursos destinados al tema crucial del país en estos momentos, el posconflicto.

Sale a relucir un hecho recurrente que Colombia se niega a estudiar entre otras, porque es muy posible que existan demasiados intereses creados que impiden su verdadera y rápida evaluación. Se trata de la terciarización en la asignación y ejecución de dineros y proyectos de origen estatal. Por la ineficiencia del aparato público se decidió hace un buen tiempo que era necesario seguir una de las nuevas rutas que consiste en entregarle a terceros, privados, la operación estatal. Como una de las grandes debilidades del gobierno y del Estado en general es el control y seguimiento, los sectores privados encontraron el nicho perfecto no siempre para demostrar su eficiencia, sino para identificar esos huecos que ha dejado el sector público para permitir que se beneficien individuos o empresas, de estos volúmenes inmensos de recursos. La ganancia personal y la evasión de mecanismos reales de competencia o de evaluación de los proyectos abrieron esta gran brecha de corrupción.

Empresas de contratación que deciden quiénes realizan los proyectos financiados con dineros públicos y a su vez determinan a los evaluadores, son los males que la Fiscalía acaba de encontrar en los Fondos destinados para la paz. En este caso particular, que no debe ser para nada exclusivo, la vergüenza es triple por varias razones. Primero, y de nuevo es una pregunta para los entes de control, son las preocupaciones en este caso de tres embajadores donantes, Noruega, Suiza y Suecia, las que destapan esta fuente de graves problemas en esta institucionalidad pública. Otra vez, la reacción del país es tardía y menos entendible cuando ahora dicen los entes de control, que desde hace algún tiempo tenía investigaciones sobre este caso. ¿Por qué los grandes casos de corrupción en el Estado siempre se destapan desde afuera? ¿A que le temen los entes de control? Ojalá no sea a costos políticos por sus actos.

La segunda razón para la vergüenza nacional es que parte de estos fondos vienen de países donantes que nos han apoyado desde el principio en las negociaciones de paz y ahora en la financiación del posconflicto. Estamos quedando como algo que nos negamos a aceptar: somos un país poco serio en el manejo de lo público. La tercera razón es, además, muy dolorosa. La falta de escrúpulos de sectores privados y de funcionarios públicos ante un tema tan crítico para todos los colombianos como es el asegurar la no repetición de estos cincuenta años de conflicto armado, para no hablar de la historia de guerra de este país.

Se precipitó el señor presidente Santos al salir a defender la transparencia del manejo de estos fondos y le tocó casi de inmediato pedir claridad total sobre el manejo de estos recursos en las instancias adscritas a la presidencia. Vergonzoso episodio que se podría interpretar como subestimación de la carta de los embajadores. Solo cuando la Fiscalía envió sus quejas, se creyó la existencia de anomalías. Otra razón para avergonzarse ante la comunidad internacional.

Todos estos puntos demuestran gravísimas falencias en la administración pública, pero lo más penoso es que en este país haya organizaciones privadas y funcionarios estatales que no les importe robarse la paz. ¿Será que la convicción de que la justicia no existe, lo cual no es totalmente cierto, ha hecho carrera y permite estas actuaciones aberrantes porque se tiene el convencimiento de que nada les pasará? Adicionalmente, es increíble que, en el sector público, las incompatibilidades de primer, segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad, elementos fundamentales del Buen Gobierno, no hayan logrado entrar en los códigos de conducta de funcionarios que administran instituciones del Estado.

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Opinión

Inclusión e integración sin exclusiones

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 Saúl Alfonso Herrera

Inclusión e integración, son gestas y hazañas verdaderas que requieren para su materialización, de múltiples actores e ingentes esfuerzos para justificar que bien vale la pena todo lo que se haga en su consolidación. Los ríos de pobres, miserablemente asentados en nuestros territorios, traduce emergencia por ser producto de muchas circunstancias que anteceden de su formación y refieren categóricamente fracasos tales como su desarrollo en muchas de nuestras áreas, la mala planificación municipal, y la inequidad alimentada por los desajustes sociales.

La exclusión es una sino la mayor de nuestra deuda como sociedad, que debe ser atendida sin demora y como una prioridad política absoluta por encima de todas las cosas. Nada debe importarnos más que luchar con todos los instrumentos posibles para construir una sociedad de ciudadanos plenos, y esa condición es imposible en un ambiente pauperizado, degradado, irregular, sin servicios en condiciones infrahumanas, de insana aglomeración fuera del control del Estado y sin pautas algunas de convivencia ciudadana.

Esperanzados estamos que se inicien procesos desde las instancias instituidas para el efecto, orientados a quebrarle el espinazo a este flagelo de la exclusión en distintas partes de nuestros territorios. Llevar a cabo por ejemplo acciones que incrementen el nivel del conocimiento de la real situación que se vive en esos espacios, geo-referenciar- los con exactitud plena, formalizarlos e integrarlos, lo que mejorará sin duda la vida en los municipios, los hará mayormente funcionales, obligará superiores pautas de movilidad, igualmente mejorará el mercado formal de vivienda, impactará positivamente le mercado de trabajo, potenciará la inversión familiar, entre otros avances sociales, desafíos que deben ser asumidos con sumo orden, cuidado y amplio respaldo social que debemos construir de manera explicita y consensuada con la comunidad en contexto de planeación democrática.

Fundamental en esto el papel a jugar por parte de los gobiernos locales, que deberán buscar el cofinanciamiento de la infraestructura de servicios necesaria para la integración que se plantea. Igualmente, vital el papel de los habitantes de dichos actores que deben comprometer su propio esfuerzo en un proceso que debe ser facilitado, pero no resuelto de un modo asistencial o clientelar. También los profesionales, en un todo conjunto, deben poner lo mejor de si para llevar a cabo esta noble tarea en la que el Congreso facilite al Ejecutivo más instrumentos para dar respuesta a dichas necesidades y expresar por ese medio la sensibilidad social y la prioridad política que el tema genera.

 

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¿Dónde está el piloto?

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La semana anterior les conté que la Comisión de Seguridad Aérea del Senado de la República, entregó el informe final de su gestión con varios hallazgos delicados. Hoy quiero profundizar sobre el que más preocupación me generó. Se trata del déficit de vigilancia en 101 aeródromos del país que se encuentran bajo la administración de 59 entidades territoriales. Estamos hablando de aeropuertos administrados por gobernaciones y municipios, que presentan casos complejos como que, en Sucre, o en el Vichada, puede haber 60 o 50 pistas donde no hay control efectivo de sus operaciones.

Específicamente, el estudio realizado por la Superintendencia de Puertos y Transportes, arrojó que de los 101 aeródromos mencionados, el 95% no cuenta con ningún tipo de administración por esa razón, la entidad actualmente adelanta un proyecto para que las entidades territoriales, que tienen a cargo esta infraestructura aérea, formalicen una administración a través de un funcionario una dependencia de la alcaldía o de la gobernación, y así, se ejerza un control de las condiciones mínimas de operación y el funcionamiento de los aeródromos.

Si cruzamos el listado de gobernaciones y alcaldías, que son propietarias y/o explotadoras de estos 101 aeródromos con la información sobre los departamentos con más cultivos de coca, encontramos que muchas de estas pistas están precisamente en aquellos departamentos. Así, nos referimos por ejemplo, a el aeródromo del municipio López de Micay y de Timbiquí que se ubica en el departamento del Cauca, un departamento del que se ha dicho por la prensa nacional que “nada en un mar de coca”. También nos preocupa la ausencia de vigilancia y control sobre el aeródromo de Caucaya en el Putumayo y el aeródromo de El Charco, en Nariño.

Por todas estas razones, es necesario dotar a la Superintendencia de Puertos y Transportes de competencia o funciones específicas, para ejercer control y vigilancia de manera efectiva y eficiente sobre las tasas que las aerolíneas le adeudan a la entidad, en especial, los aeródromos que están bajo la jurisdicción de las entidades territoriales; con el fin de que se pueda corregir el mal estado o abandono de algunos de ellos y detectar a tiempo, usos irregulares de sus pistas u otras situaciones que puedan configurar actividades al margen de la ley; y dar traslado a la autoridad competente en esa materia.

En sus comienzos, el narcotráfico en Colombia fue controlado por carteles que utilizaron aeropuertos, pistas y equipajes, para el transporte de droga al exterior y repatriación de capitales. No podemos dejar que esto nos vuelva a pasar.

 

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Nuevos recursos para Electricaribe

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Las alertas de un posible apagón en la costa han suscitado un debate público en torno a las dificultades de Electricaribe para mantener la estabilidad de su operación. Este escenario. Las advertencias de expertos y formadores de opinión en torno a estos hechos señalan como relevante que las limitaciones de suministro de energía a Electricaribe se presenten nuevamente, ahora que la empresa está en manos del Gobierno.

En el proceso de intervención se asume la responsabilidad de garantizar, no solo la continuidad del servicio, sino de materializar la solución estructural de la compañía. No podemos minimizar las advertencias ni mucho menos soslayarlas, todo lo contrario, debemos entender las preocupaciones colectivas de nuestros grupos de intereses para mantenerlos informados oportunamente de las acciones que se están tomando para evitar un colapso.

Dos son los mensajes para dar tranquilidad ante las legítimas preocupaciones por las amenazas de posibles racionamientos. Primero, que durante 20 meses, la medida de intervención ha logrado suministrar energía sin limitaciones del servicio como sanción del sistema eléctrico beneficiando a 10 millones de habitantes de la costa.

Ello ha sido posible gracias al apalancamiento con recursos del fondo empresarial de la Superservicios, con el esquema de garantías para la compra de energía diseñadas por el Gobierno Nacional que hasta hoy se han asignado parcialmente y por el desempeño de los trabajadores directo e indirectos de la empresa.

Segundo, para atender las necesidades que garanticen mediante la operación durante el 2018, se requiere contar con los recursos aprobados en el documento Conpes de noviembre de 2017 por 320 mil millones de pesos de los cuales 195 mil millones son para garantías y 125 mil millones para inversiones en infraestructura y tecnología.

Para el 2019 el Gobierno anunció la asignación de recursos por 735 mil millones de pesos amparados en un nuevo documento Conpes que se destinaría para inversiones bajo el nuevo marco tarifario que sin duda impactará positivamente en la calidad del servicio. Con esos apoyos se podrá avanzar en la implementación de la solución estructural sin los afanes de escasez de materiales, sin procesos de limitación de suministro de energía y sin los problemas en la logística para operar.

El proceso para la solución estructural, como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos, empezará en este mes de julio, y a partir de allí se conocerá el interés del mercado para operar la empresa y hacer las grandes inversiones que se requieren con urgencia.

 

 

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