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Opinión

Candidatos sin propuestas sobre política de drogas

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Juan Manuel Galán

A menos de 8 días de la elección presidencial, no se sabe cuál es la propuesta de los candidatos para abordar la política de drogas en Colombia. Este mercado ilegal tiene impactos sociales, ambientales, políticos y económicos para nuestro país y los candidatos, para responder a ellos, se debaten entre posiciones populistas de prohibicionismo y penalización.

Las propuestas centradas en salud pública, derechos humanos y regulación del mercado no son rentables electoralmente. Para evaluar que tan coherentes son las propuestas con la radiografía de nuestro país, es necesario conocer la evidencia; y en eso, Colombia avanza para consolidar una mejor información.

Hace muy poco tiempo fueron entregados los resultados de la Encuesta Mundial de Drogas 2018 realizada por la GDS (Global Drugs Survey), que incluye información sobre nuestro país. Se trata de una encuesta que, sin perder rigurosidad, indaga sobre temas incómodos, pero necesarios en el consumo de drogas. Se preguntó, por ejemplo, sobre si llega más rápido una pizza o un gramo de cocaína a la casa, cuánto cuesta un gramo de cocaína en los diferentes países del mundo y asuntos cómo cuándo perdió la virginidad con las drogas.

Colombia fue el país que más participantes tuvo en América con 1.439, cuyo promedio de edad fue de 28 años. Solo por mencionar algunos de los resultados más relevantes, la encuesta presentó un estudio que muestra que los precios varían ampliamente en todo el mundo, desde menos de 10€ / gramo en América del Sur, a un promedio de 60-80€ / gramo en algunas partes de Europa. También mostró que en comparación con el año 2007 cuando Colombia era el segundo país del mundo que usaba más de 1 gramo por sesión de consumo, este año se redujo a 0.4 gramos por sesión y, además, seguimos con el valor más bajo de un gramo de cocaína, alrededor de 5.4€.

Como dato curioso, la encuesta mostró que según los entrevistados, en Colombia el 38 % puede recibir cocaína en menos de 30 minutos, mientras que solo el 25 % puede recibir pizza en menos de 30 minutos. Los hallazgos de esta encuesta buscan convertirse en una guía para tener conversaciones honestas sobre el consumo de drogas y diseñar acciones eficaces para promover la salud, reducir los daños y abordar nuevos temas como el de la Deep Web, un submundo en Internet, que modifica el panorama de lo que conocíamos.

Desde este contexto, repetir formulas fallidas de fumigación, cárcel, erradicación forzosa y penalización de dosis mínima, no aportaran mucho a la meta de reducción del consumo en nuestros jóvenes ni a los problemas de microtráfico.

 

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Opinión

Inclusión e integración sin exclusiones

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 Saúl Alfonso Herrera

Inclusión e integración, son gestas y hazañas verdaderas que requieren para su materialización, de múltiples actores e ingentes esfuerzos para justificar que bien vale la pena todo lo que se haga en su consolidación. Los ríos de pobres, miserablemente asentados en nuestros territorios, traduce emergencia por ser producto de muchas circunstancias que anteceden de su formación y refieren categóricamente fracasos tales como su desarrollo en muchas de nuestras áreas, la mala planificación municipal, y la inequidad alimentada por los desajustes sociales.

La exclusión es una sino la mayor de nuestra deuda como sociedad, que debe ser atendida sin demora y como una prioridad política absoluta por encima de todas las cosas. Nada debe importarnos más que luchar con todos los instrumentos posibles para construir una sociedad de ciudadanos plenos, y esa condición es imposible en un ambiente pauperizado, degradado, irregular, sin servicios en condiciones infrahumanas, de insana aglomeración fuera del control del Estado y sin pautas algunas de convivencia ciudadana.

Esperanzados estamos que se inicien procesos desde las instancias instituidas para el efecto, orientados a quebrarle el espinazo a este flagelo de la exclusión en distintas partes de nuestros territorios. Llevar a cabo por ejemplo acciones que incrementen el nivel del conocimiento de la real situación que se vive en esos espacios, geo-referenciar- los con exactitud plena, formalizarlos e integrarlos, lo que mejorará sin duda la vida en los municipios, los hará mayormente funcionales, obligará superiores pautas de movilidad, igualmente mejorará el mercado formal de vivienda, impactará positivamente le mercado de trabajo, potenciará la inversión familiar, entre otros avances sociales, desafíos que deben ser asumidos con sumo orden, cuidado y amplio respaldo social que debemos construir de manera explicita y consensuada con la comunidad en contexto de planeación democrática.

Fundamental en esto el papel a jugar por parte de los gobiernos locales, que deberán buscar el cofinanciamiento de la infraestructura de servicios necesaria para la integración que se plantea. Igualmente, vital el papel de los habitantes de dichos actores que deben comprometer su propio esfuerzo en un proceso que debe ser facilitado, pero no resuelto de un modo asistencial o clientelar. También los profesionales, en un todo conjunto, deben poner lo mejor de si para llevar a cabo esta noble tarea en la que el Congreso facilite al Ejecutivo más instrumentos para dar respuesta a dichas necesidades y expresar por ese medio la sensibilidad social y la prioridad política que el tema genera.

 

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Opinión

¿Dónde está el piloto?

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La semana anterior les conté que la Comisión de Seguridad Aérea del Senado de la República, entregó el informe final de su gestión con varios hallazgos delicados. Hoy quiero profundizar sobre el que más preocupación me generó. Se trata del déficit de vigilancia en 101 aeródromos del país que se encuentran bajo la administración de 59 entidades territoriales. Estamos hablando de aeropuertos administrados por gobernaciones y municipios, que presentan casos complejos como que, en Sucre, o en el Vichada, puede haber 60 o 50 pistas donde no hay control efectivo de sus operaciones.

Específicamente, el estudio realizado por la Superintendencia de Puertos y Transportes, arrojó que de los 101 aeródromos mencionados, el 95% no cuenta con ningún tipo de administración por esa razón, la entidad actualmente adelanta un proyecto para que las entidades territoriales, que tienen a cargo esta infraestructura aérea, formalicen una administración a través de un funcionario una dependencia de la alcaldía o de la gobernación, y así, se ejerza un control de las condiciones mínimas de operación y el funcionamiento de los aeródromos.

Si cruzamos el listado de gobernaciones y alcaldías, que son propietarias y/o explotadoras de estos 101 aeródromos con la información sobre los departamentos con más cultivos de coca, encontramos que muchas de estas pistas están precisamente en aquellos departamentos. Así, nos referimos por ejemplo, a el aeródromo del municipio López de Micay y de Timbiquí que se ubica en el departamento del Cauca, un departamento del que se ha dicho por la prensa nacional que “nada en un mar de coca”. También nos preocupa la ausencia de vigilancia y control sobre el aeródromo de Caucaya en el Putumayo y el aeródromo de El Charco, en Nariño.

Por todas estas razones, es necesario dotar a la Superintendencia de Puertos y Transportes de competencia o funciones específicas, para ejercer control y vigilancia de manera efectiva y eficiente sobre las tasas que las aerolíneas le adeudan a la entidad, en especial, los aeródromos que están bajo la jurisdicción de las entidades territoriales; con el fin de que se pueda corregir el mal estado o abandono de algunos de ellos y detectar a tiempo, usos irregulares de sus pistas u otras situaciones que puedan configurar actividades al margen de la ley; y dar traslado a la autoridad competente en esa materia.

En sus comienzos, el narcotráfico en Colombia fue controlado por carteles que utilizaron aeropuertos, pistas y equipajes, para el transporte de droga al exterior y repatriación de capitales. No podemos dejar que esto nos vuelva a pasar.

 

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Opinión

Nuevos recursos para Electricaribe

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Las alertas de un posible apagón en la costa han suscitado un debate público en torno a las dificultades de Electricaribe para mantener la estabilidad de su operación. Este escenario. Las advertencias de expertos y formadores de opinión en torno a estos hechos señalan como relevante que las limitaciones de suministro de energía a Electricaribe se presenten nuevamente, ahora que la empresa está en manos del Gobierno.

En el proceso de intervención se asume la responsabilidad de garantizar, no solo la continuidad del servicio, sino de materializar la solución estructural de la compañía. No podemos minimizar las advertencias ni mucho menos soslayarlas, todo lo contrario, debemos entender las preocupaciones colectivas de nuestros grupos de intereses para mantenerlos informados oportunamente de las acciones que se están tomando para evitar un colapso.

Dos son los mensajes para dar tranquilidad ante las legítimas preocupaciones por las amenazas de posibles racionamientos. Primero, que durante 20 meses, la medida de intervención ha logrado suministrar energía sin limitaciones del servicio como sanción del sistema eléctrico beneficiando a 10 millones de habitantes de la costa.

Ello ha sido posible gracias al apalancamiento con recursos del fondo empresarial de la Superservicios, con el esquema de garantías para la compra de energía diseñadas por el Gobierno Nacional que hasta hoy se han asignado parcialmente y por el desempeño de los trabajadores directo e indirectos de la empresa.

Segundo, para atender las necesidades que garanticen mediante la operación durante el 2018, se requiere contar con los recursos aprobados en el documento Conpes de noviembre de 2017 por 320 mil millones de pesos de los cuales 195 mil millones son para garantías y 125 mil millones para inversiones en infraestructura y tecnología.

Para el 2019 el Gobierno anunció la asignación de recursos por 735 mil millones de pesos amparados en un nuevo documento Conpes que se destinaría para inversiones bajo el nuevo marco tarifario que sin duda impactará positivamente en la calidad del servicio. Con esos apoyos se podrá avanzar en la implementación de la solución estructural sin los afanes de escasez de materiales, sin procesos de limitación de suministro de energía y sin los problemas en la logística para operar.

El proceso para la solución estructural, como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos, empezará en este mes de julio, y a partir de allí se conocerá el interés del mercado para operar la empresa y hacer las grandes inversiones que se requieren con urgencia.

 

 

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