Connect with us

Opinión

Duque presidente, en primera vuelta

Published

on

Carlos Holmes Trujillo García 

La segunda vuelta para elegir presidente de Colombia se consagró en la Constitución de 1991. Tal como ocurrió con varias de las reformas hechas en aquella ocasión, se buscó dar un paso adelante en el fortalecimiento de las instituciones, entonces debilitadas y golpeadas por la violencia, y recoger el ansia de transformación expresado en distintas modificaciones constitucionales fallidas por decisiones de la Corte Suprema de Justicia que las declaró inexequibles.

El Congreso había aprobado cambios relacionados con la descentralización, la justicia y la participación democrática. Sin embargo, aquellas no nacieron a la vida jurídica por cuanto se encontró que su trámite contrariaba los procedimientos vigentes en la época.

Desde el punto de vista político, entre otros asuntos, se disminuyó el número de congresistas, se creó la circunscripción nacional, y nuevamente la vicepresidencia, y se instauró la segunda vuelta.

Todas esas instituciones, sumadas a la democracia participativa y los mecanismos para darle operatividad, buscaron abrir más espacios de expresión ciudadana. El sueño era el florecimiento de las libertades políticas para que los electores pudieran acudir a vías distintas a la de la representación, sin abjurar de esta, además, a que el rechazo a lo existente pudiera canalizarse mediante caminos institucionales novedosos y directos. Eso fue lo que se buscó.

Por otro lado, la segunda vuelta buscó que el presidente de la República fuera siempre elegido por la verdadera mayoría de la nación. Se consideró que un jefe del Ejecutivo elegido por la minoría de los votantes era inconveniente, en momentos en que la voz de rebeldía de millones de compatriotas se escuchaba en todos los rincones de la patria. Cuando se promulgó la Carta, el eco de la crítica a tal decisión se oía con claridad. No obstante, el resultado de los procesos electorales que se han celebrado desde el 91 permite decir que se cumplió el objetivo deseado.

Algún otro día se dedicará una columna a explicar en detalle la anterior afirmación. Por lo pronto, es fundamental afirmar que a Colombia le conviene elegir a Iván Duque en la primera vuelta. El Estado actual de la nación requiere un presidente con legitimidad política indiscutible. No olvidemos que, a pesar de las denuncias que se hicieron a raíz de las irregularidades en la segunda vuelta en el 2014, todavía se esperan los pronunciamientos del caso. Dígase lo que se diga, quedaron dudas que afectan el juicio del país sobre el actual gobierno.

Por otra parte, las decisiones que deberá tomar el próximo presidente tendrán mayor viabilidad si el mandato que recibe la nueva cabeza del Ejecutivo es claro y contundente. Así mismo, en la medida en que quien presidirá el Estado logre su elección gracias a una votación ampliamente mayoritaria, el mensaje para el Congreso tendrá que ser escuchado.

En este orden de ideas, hacer un gran esfuerzo, acompañado de emoción, ilusión y esperanza para elegir a Iván Duque en la primera vuelta es lo que le conviene a Colombia, con el fin de que sea posible vivir y trabajar tranquilos, merced a la legalidad, el emprendimiento y la equidad.

Leer más
Comentar

Responder

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Opinión

Inclusión e integración sin exclusiones

Published

on

 Saúl Alfonso Herrera

Inclusión e integración, son gestas y hazañas verdaderas que requieren para su materialización, de múltiples actores e ingentes esfuerzos para justificar que bien vale la pena todo lo que se haga en su consolidación. Los ríos de pobres, miserablemente asentados en nuestros territorios, traduce emergencia por ser producto de muchas circunstancias que anteceden de su formación y refieren categóricamente fracasos tales como su desarrollo en muchas de nuestras áreas, la mala planificación municipal, y la inequidad alimentada por los desajustes sociales.

La exclusión es una sino la mayor de nuestra deuda como sociedad, que debe ser atendida sin demora y como una prioridad política absoluta por encima de todas las cosas. Nada debe importarnos más que luchar con todos los instrumentos posibles para construir una sociedad de ciudadanos plenos, y esa condición es imposible en un ambiente pauperizado, degradado, irregular, sin servicios en condiciones infrahumanas, de insana aglomeración fuera del control del Estado y sin pautas algunas de convivencia ciudadana.

Esperanzados estamos que se inicien procesos desde las instancias instituidas para el efecto, orientados a quebrarle el espinazo a este flagelo de la exclusión en distintas partes de nuestros territorios. Llevar a cabo por ejemplo acciones que incrementen el nivel del conocimiento de la real situación que se vive en esos espacios, geo-referenciar- los con exactitud plena, formalizarlos e integrarlos, lo que mejorará sin duda la vida en los municipios, los hará mayormente funcionales, obligará superiores pautas de movilidad, igualmente mejorará el mercado formal de vivienda, impactará positivamente le mercado de trabajo, potenciará la inversión familiar, entre otros avances sociales, desafíos que deben ser asumidos con sumo orden, cuidado y amplio respaldo social que debemos construir de manera explicita y consensuada con la comunidad en contexto de planeación democrática.

Fundamental en esto el papel a jugar por parte de los gobiernos locales, que deberán buscar el cofinanciamiento de la infraestructura de servicios necesaria para la integración que se plantea. Igualmente, vital el papel de los habitantes de dichos actores que deben comprometer su propio esfuerzo en un proceso que debe ser facilitado, pero no resuelto de un modo asistencial o clientelar. También los profesionales, en un todo conjunto, deben poner lo mejor de si para llevar a cabo esta noble tarea en la que el Congreso facilite al Ejecutivo más instrumentos para dar respuesta a dichas necesidades y expresar por ese medio la sensibilidad social y la prioridad política que el tema genera.

 

Leer más

Opinión

¿Dónde está el piloto?

Published

on

La semana anterior les conté que la Comisión de Seguridad Aérea del Senado de la República, entregó el informe final de su gestión con varios hallazgos delicados. Hoy quiero profundizar sobre el que más preocupación me generó. Se trata del déficit de vigilancia en 101 aeródromos del país que se encuentran bajo la administración de 59 entidades territoriales. Estamos hablando de aeropuertos administrados por gobernaciones y municipios, que presentan casos complejos como que, en Sucre, o en el Vichada, puede haber 60 o 50 pistas donde no hay control efectivo de sus operaciones.

Específicamente, el estudio realizado por la Superintendencia de Puertos y Transportes, arrojó que de los 101 aeródromos mencionados, el 95% no cuenta con ningún tipo de administración por esa razón, la entidad actualmente adelanta un proyecto para que las entidades territoriales, que tienen a cargo esta infraestructura aérea, formalicen una administración a través de un funcionario una dependencia de la alcaldía o de la gobernación, y así, se ejerza un control de las condiciones mínimas de operación y el funcionamiento de los aeródromos.

Si cruzamos el listado de gobernaciones y alcaldías, que son propietarias y/o explotadoras de estos 101 aeródromos con la información sobre los departamentos con más cultivos de coca, encontramos que muchas de estas pistas están precisamente en aquellos departamentos. Así, nos referimos por ejemplo, a el aeródromo del municipio López de Micay y de Timbiquí que se ubica en el departamento del Cauca, un departamento del que se ha dicho por la prensa nacional que “nada en un mar de coca”. También nos preocupa la ausencia de vigilancia y control sobre el aeródromo de Caucaya en el Putumayo y el aeródromo de El Charco, en Nariño.

Por todas estas razones, es necesario dotar a la Superintendencia de Puertos y Transportes de competencia o funciones específicas, para ejercer control y vigilancia de manera efectiva y eficiente sobre las tasas que las aerolíneas le adeudan a la entidad, en especial, los aeródromos que están bajo la jurisdicción de las entidades territoriales; con el fin de que se pueda corregir el mal estado o abandono de algunos de ellos y detectar a tiempo, usos irregulares de sus pistas u otras situaciones que puedan configurar actividades al margen de la ley; y dar traslado a la autoridad competente en esa materia.

En sus comienzos, el narcotráfico en Colombia fue controlado por carteles que utilizaron aeropuertos, pistas y equipajes, para el transporte de droga al exterior y repatriación de capitales. No podemos dejar que esto nos vuelva a pasar.

 

Leer más

Opinión

Nuevos recursos para Electricaribe

Published

on

Las alertas de un posible apagón en la costa han suscitado un debate público en torno a las dificultades de Electricaribe para mantener la estabilidad de su operación. Este escenario. Las advertencias de expertos y formadores de opinión en torno a estos hechos señalan como relevante que las limitaciones de suministro de energía a Electricaribe se presenten nuevamente, ahora que la empresa está en manos del Gobierno.

En el proceso de intervención se asume la responsabilidad de garantizar, no solo la continuidad del servicio, sino de materializar la solución estructural de la compañía. No podemos minimizar las advertencias ni mucho menos soslayarlas, todo lo contrario, debemos entender las preocupaciones colectivas de nuestros grupos de intereses para mantenerlos informados oportunamente de las acciones que se están tomando para evitar un colapso.

Dos son los mensajes para dar tranquilidad ante las legítimas preocupaciones por las amenazas de posibles racionamientos. Primero, que durante 20 meses, la medida de intervención ha logrado suministrar energía sin limitaciones del servicio como sanción del sistema eléctrico beneficiando a 10 millones de habitantes de la costa.

Ello ha sido posible gracias al apalancamiento con recursos del fondo empresarial de la Superservicios, con el esquema de garantías para la compra de energía diseñadas por el Gobierno Nacional que hasta hoy se han asignado parcialmente y por el desempeño de los trabajadores directo e indirectos de la empresa.

Segundo, para atender las necesidades que garanticen mediante la operación durante el 2018, se requiere contar con los recursos aprobados en el documento Conpes de noviembre de 2017 por 320 mil millones de pesos de los cuales 195 mil millones son para garantías y 125 mil millones para inversiones en infraestructura y tecnología.

Para el 2019 el Gobierno anunció la asignación de recursos por 735 mil millones de pesos amparados en un nuevo documento Conpes que se destinaría para inversiones bajo el nuevo marco tarifario que sin duda impactará positivamente en la calidad del servicio. Con esos apoyos se podrá avanzar en la implementación de la solución estructural sin los afanes de escasez de materiales, sin procesos de limitación de suministro de energía y sin los problemas en la logística para operar.

El proceso para la solución estructural, como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos, empezará en este mes de julio, y a partir de allí se conocerá el interés del mercado para operar la empresa y hacer las grandes inversiones que se requieren con urgencia.

 

 

Leer más

Tendencias